El TSJC estudia llevar al Constitucional la ley del Govern que esquiva el 25% de castellano en las aulas

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) considera que la ley del Govern de Pere Aragonès que sortea la aplicación del 25% de horas de castellano en las aulas podría ser inconstitucional. Por ello, ha dado un plazo de 10 días a las partes para que se pronuncien al respecto, tras constatar que esta norma hace imposible la aplicación de la sentencia que fijó este porcentaje de horas lectivas en castellano en la escuela catalana.

El Govern de Pere Aragonès aprobó a principios de junio un decreto ley que pretende sortear la sentencia que obliga a impartir el 25% de clases en castellano en la escuela. Y este lunes, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha admitido la "imposibilidad legal" de ejecutar la sentencia, ya que choca con la norma aprobada por el ejecutivo regional.

A juicio del TSJC, el decreto del Govern "suscita serias dudas sobre su validez por vicios de inconstitucionalidad", por lo que ha pedido a las partes que se pronuncien al respecto de un posible recurso ante el Tribunal Constitucional. El decreto elimina los porcentajes de castellano, y pasa a considerar como "curricular" y no "vehicular" esta lengua.

El Govern celebra el pronunciamento del TSJC

El consejero de Educación de la Generalitat, Josep González-Cambray, ha celebrado "que el TSJC admita y constate la imposibilidad de aplicar porcentajes en las lenguas".

"Ésta es una primera victoria y una gran noticia, es el primer paso para que en ninguna escuela del país se aplique el 25% del castellano. Lo que hace el TSJC es afianzar el modelo de escuela catalana, y esto ha pasado gracias a todo el trabajo que se ha hecho desde todos los ámbitos del país, el catalán es una cuestión de país", ha afirmado.

Cambray ha remarcado que "a través de un máximo consenso político, social y pedagógico hemos conseguido afianzar el modelo de escuela catalana".

En cuanto al próximo curso, el titular de Educación ha afirmado que "hemos conseguido máxima tranquilidad para los centros educativos", y ha subrayado que el Govern ha "dotado de un escudo jurídico y legal a todas las direcciones, maestros y proyectos lingüísticos".