castellano en aulas catalanas

El Gobierno está estudiando la forma de modificar el modelo de inmersión lingüística en Cataluña para ofrecer el castellano como lengua vehicular en las aulas. Aunque el Ejecutivo no ha detallado cómo piensa introducir esta modificación, al amparo del artículo 155, la propuesta ha desatado una oleada de rechazos, y es que sólo el PP y Ciudadanos la respaldan. La comunidad educativa catalana y los partidos independentistas consideran que se trata de un ataque al sistema educativo catalán, mientras que el PSOE y Podemos sostienen que ese debate debe producirse en el Parlament.

La Generalitat deberá, por primera vez, indemnizar con 3.000 euros a una familia que reclamó ante los tribunales la enseñanza en castellano en la Educación Infantil para su hija, que acudía a una escuela concertada, según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

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El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, ha asegurado que el Ejecutivo no cambiará "ni una coma" del modelo educativo de inmersión lingüística y ha anunciado que recurrirá la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Sus autos obligan a fijar el 25% del horario lectivo en castellano si un solo alumno así lo solicitara para "fijar la presencia mínima del castellano como lengua vehicular" de forma compatible con la preeminencia del catalán. Pero, ¿qué dice la ley de Educación catalana (LEC)?

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El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado un recurso de casación interpuesto por la Generalitat contra un auto que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en enero de 2013 que requería al Govern a adoptar las medidas necesarias para incorporar el castellano como lengua vehicular en la enseñanza junto al catalán, tras la demanda presentada por la familia de un alumno.

El Gobierno no ha incluido la ‘casilla lingüística’ en la normativa de preinscripción escolar para Cataluña. A falta de conocerse finalmente el formulario que tendrán que rellenar las familias, se desconoce cuál será la vía escogida para garantizar la elección del castellano como lengua vehicular.

El Gobierno dijo ayer estar estudiando la posibilidad de que en la matriculación del próximo curso escolar en Cataluña se incluya una casilla en la que los padres puedan elegir el castellano como lengua vehicular de sus hijos. En realidad se está analizando como un truco más de Madrid, tocando donde más les duele a muchos nacionalistas, la cuestión lingüística, para presionar a los partidos nacionalistas catalanes y que así se den prisa para formar gobierno sin esperar a resolver el problema legal de la investidura de Puigdemont.

La diputada del PP María José García Cuevas ha asegurado este miércoles que el Ministerio de Educación tiene "53 reclamaciones" de alumnos catalanes que exigen su escolarización en castellano.

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El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de la Generalitat contra el decreto que prevé sufragar la escolarización en castellano. La norma impugnada contempla una ayuda de 6.000 euros para pagar un centro privado a familias que pidan la escolarización de sus hijos también en castellano y no quede asegurada en el sistema público, algo que de momento, sólo habría sucedido en el caso de 3 familias.

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La sección quinta de la sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha emitido varios autos en los que obliga a la Generalitat de Cataluña a fijar que el castellano esté presente en el 25% del horario lectivo para garantizar su presencia mínima como lengua vehicular en "el colegio, el curso y la clase de referencia" de los alumnos de cinco familias recurrentes.

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