Una Plataforma civil, aconfesional y apolitica

La recién constituida Plataforma 'Toledo Educa en Libertad', caracterizada por ser "civil, aconfesional y apolítica" frente a la asignatura "impuesta por el Estado" de Educación para la Ciudadanía, se presentó hoy con el objetivo de "conseguir la eliminación de la asignatura, tal y como está planteada, o al menos que se convierta en una asignatura optativa".

Al mismo tiempo propone la reforma de los contenidos de Educación para la Ciudadanía, "buscando un consenso de toda la comunidad educativa", para que éstos no supongan una intromisión moral en la moral de los hijos.

En rueda de prensa, la coordinadora de la plataforma, Cristina Rodríguez, explicó, acompañada por el abogado Juan María Marín y por el presidente de 'Educación y persona' y profesor de Filosofía, Carlos Jariod, que se trata de una organización formada por padres y madres de más de 20 centros educativos de la provincia de Toledo "para defender el derecho de educar a nuestros hijos con libertad".

Asimismo, Rodríguez afirmó que la finalidad principal es la de "defender el derecho a la libertad de educar a nuestros hijos", porque según explicó, "los contenidos de la asignatura imponen un verdadero programa ideológico que atenta contra las convicciones éticas y morales de los padres".

Por ello, la plataforma considera que con esta asignatura "el Estado está abusando de su autoridad", y no conserva el pluralismo ni la libertad ideológica que vienen recogidas en la Constitución Española, "imponiéndonos así una moral de Estado y vulnerando nuestro Derecho a la Educación, recogido en el artículo 27.3 de la Constitución, y el Derecho a la Libertad Ideológica, contemplado en el artículo 16.1", dijo.

"No existe objetivamente ni el bien ni el mal"

En esta línea, la coordinadora de la Plataforma señaló que los contenidos discordantes de la asignatura son principalmente tres: El relativismo moral de la materia, el positivismo jurídico y la implantación de la ideología de género.

En referencia al relativismo moral de la materia, Rodríguez señaló que "no existe objetivamente ni el bien ni el mal, porque la ética se forma por el consenso, por lo que los niños aprenden que lo bueno o malo es lo que en su momento decide la mayoría". Con este concepto, explicó, "los alumnos no tienen ningún referente moral, y el concepto de autoridad de los profesores o padres desaparece, sustituyéndolo por el concepto de autonomía".

La idea de positivismo jurídico iguala la ética a la ley, por lo que, según dicta la asignatura, "todo lo legal es moral, y no importa que sea bueno o malo". Respecto al concepto de implantación de la ideología de género, Rodríguez aseguró que mantiene la idea de que "cada uno puede elegir su propia orientación sexual con independencia de su sexo biológico", explicó.

En este sentido, la coordinadora de la plataforma aseguró que "hemos comprobado que en la asignatura se le habla a los niños de la opción de poder mantener relaciones sexuales con personas de su mismo sexo, otorgándoles el máximo de naturalidad y de aceptación social".

Por todo ello, la Plataforma 'Toledo Educa en Libertad' reconoce y defiende el Derecho a la Libertad de Conciencia, un derecho informó el abogado Juan María Marín que ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional, por el Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo, por dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y por una del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Interferencia de la labor educativa de los padres

Fue el profesor de Filosofía y presidente de 'Educación y persona', Carlos Jariod, quien resaltó la necesidad de crear una materia "que fomente el conocimiento y la práctica de una ciudadanía activa, como se está haciendo en el resto de Europa", algo que no cumple Educación para la Ciudadanía, añadió, "porque inculca valores que sobrepasan ese objetivo común, interfiriendo en la labor educativa de los padres".

En este sentido, afirmaron que "no es cierto, como apuntó el pasado día 17 de marzo el consejero de Educación, José Valverde, durante un Pleno en las Cortes regionales, que esta asignatura sea una aplicación del Gobierno español a la recomendación del Consejo de Europa. Si hubiese sido así y se hubiesen respetado los objetivos, contenidos y métodos educativos de esta recomendación, no habrían surgido en nuestro país tantos movimientos de alarma y denuncia por parte de los padres".

Para conseguir los objetivos reales, señaló Rodríguez, una de las acciones necesarias a emprender es "favorecer enfoques multidisciplinares que combinen la educación cívica y política con la enseñanza de la Historia, Filosofía, Religión, Lengua o Ciencias Sociales", es decir, "lo que esta resolución recomienda y exige es que sean acciones con enfoques amplios y diversos, y que no sea una ética moral de Estado".

En este sentido, desmintió que Educación para la Ciudadanía aborde derechos y principios recogidos en la Constitución Española, "porque no hay mención de España como nación única, del español como idioma único, de la solidaridad entre regiones, ni mención de las banderas y la monarquía".

Por ello, declaró que "los padres que quieran recibir información de los contenidos materiales de la asignatura tienen en nosotros una fuente donde acudir", ya que afirmó, "nuestro compromiso, a partir de ahora, será el de informar y asesorar a los padres que libremente opten por el Derecho a la Objeción de Conciencia, en colaboración con asociaciones como 'Educación y Persona' y 'Profesionales por la Ética' que pondrán a disposición de los padres todo el asesoramiento jurídico", recordó.

En España ya se han constituido más de 60 plataformas y hay casi 28.000 objeciones de conciencia presentadas, una cifra "que sigue aumentando". En Castilla-La Mancha se han presentado 7.375 y en la provincia de Toledo 6.046.