España es un "importante punto de tránsito y una base logística para las organizaciones terroristas" islámicas que operan en Europa Occidental, según el informe anual sobre terrorismo del Departamento de Estado de EEUU, difundido este miércoles.
El "Informe sobre Terrorismo en los Países en 2007", que cada año presenta el Departamento de Estado al Congreso de EEUU, afirma que "el Gobierno de España y sus ciudadanos están preocupados porque su país ha sido y sigue siendo un objetivo principal del extremismo islámico y de actos de terrorismo internacional".
Cuatro años después de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, el Gobierno de España mantiene un estado elevado de alerta, explica el informe, que puntualiza que este país "coopera estrechamente con Estados Unidos para investigar y juzgar actos de terrorismo e impedir atentados futuros".
El documento alerta de que la situación geográfica española, su numerosa población originaria del Magreb y la facilidad de desplazarse a otros países europeos "convierte a España en un cruce estratégico para los grupos terroristas internacionales y un lugar de ensayo importante para los extremistas norteafricanos de camino a Irak para unirse a la insurgencia".
El Gobierno español, agrega, "teme que terroristas experimentados puedan regresar pronto a España" y a este respecto los medios españoles informaron en julio de que el grupo iraquí Ansar al Islam había establecido una célula de reclutamiento en Cataluña.
A lo largo de 2007, España hizo frente de modo enérgico a quienes intentaban reclutar terroristas y detuvo a 47 sospechosos de terrorismo. En total, tiene encarcelados a 139 personas por este tipo de actividades, bien condenados o a la espera de juicio.
El informe hace mención específica al juicio de los 29 sospechosos de participación en los atentados del 11-M, de los que 21 fueron declarados culpables.
El Departamento de Estado elogia el modo en que el Gobierno, sus departamentos y los jueces españoles "se unieron para llevar a cabo una investigación y un juicio profundo y exhaustivo en una cuestión de la máxima importancia política y de seguridad nacional".
Todo el proceso se desarrolló de manera "abierta, transparente y pública pese a las emotivas circunstancias de los atentados y las elevadas tensiones políticas y polémicas que rodearon la situación posterior", declara.
El informe también alude a las actividades del grupo terrorista ETA y recuerda el atentado de Barajas el 30 de diciembre de 2006 que mató a dos personas, antes de que la organización declarara el final del alto el fuego el 6 de junio.
La "buena actuación policial" permitió a las fuerzas de seguridad neutralizar una serie de posibles atentados de grandes dimensiones, pero la organización terrorista pudo perpetrar una serie de atentados más pequeños.
España "ha colaborado con éxito con los Gobiernos de Francia y de Portugal para presionar a ETA por todas partes y limitar su espacio de maniobra", explica el Departamento de Estado.
En diciembre pasado, puntualiza, las fuerzas de seguridad tenían bajo custodia a 122 supuestos miembros de ETA, entre ellos 76 en España, 40 en Francia y seis en otros países.
Por otra parte, el Gobierno de EEUU destacó en su informe los vínculos de Venezuela con Irán y Cuba, países que a su juicio patrocinan el terrorismo, y elogió los esfuerzos de Colombia en su lucha contra la guerrilla y los grupos paramilitares.
En el informe el Departamento de Estado incluye en una sección las críticas y reproches de Estados Unidos por la escasa colaboración de Venezuela en la lucha antiterrorista.
Por ley, el Departamento de Estado tiene que entregar un informe anual al Congreso, a más tardar el 30 de abril, sobre todas las actividades terroristas en el mundo y la respuesta de cada país a esa amenaza.
Sobre Colombia, el informe resume algunos de los actos de terrorismo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2007, que pese a la campaña militar del Gobierno en su contra "continuó sus actividades terroristas, de secuestro y narcotráfico con fines de lucro", y lanzó ataques contra blancos civiles y militares en zonas urbanas y rurales.
Asimismo, el análisis elogia todas las medidas policiales, de inteligencia, militares y económicas que ha utilizado el Gobierno del presidente colombiano, Álvaro Uribe, contra los grupos armados ilegales.
También destacó la extradición de 581 presuntos terroristas y narcotraficantes hacia EEUU, y los esfuerzos del Gobierno por negociar un canje humanitario con las FARC, que mantiene centenares de secuestrados, 40 de los cuales pretende cambiar por guerrilleros presos.
En ese grupo de "canjeables" figuran los contratistas estadounidenses Keith Stansell, Thomas Howes y Marc Gonsalves, secuestrados en febrero de 2003 en el sur de Colombia.
El informe también repasa algunos de los logros de la Ley de Justicia y Paz, por medio de la cual el Gobierno investiga o procesa a desmovilizados de grupos armados ilegales.
Por otra parte, señala que el presidente venezolano, Hugo Chávez, "persiste en sus críticas públicas" a los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos y ha fortalecido sus vínculos con Irán y Cuba.
Agrega que su "afinidad ideológica" con las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), sumada a un alto nivel de corrupción entre los funcionarios, "ha limitado la cooperación venezolana con Colombia" en el combate al terrorismo.
Según Estados Unidos, miembros de las FARC y el ELN "cruzaron con regularidad hacia territorio venezolano para descansar y reconstituirse".
Aunque se han encontrado en manos de la guerrilla pequeñas cantidades de armas y municiones -algunas provenientes de instalaciones venezolanas-, el Departamento de Estado reconoció, sin embargo, que "no está claro hasta qué punto es que el Gobierno venezolano dio apoyo a las organizaciones terroristas colombianas".
El informe también señaló que el Gobierno de Caracas no tuvo una presencia policial "sistemática" en su frontera con Colombia para impedir el flujo de grupos terroristas o para interceptar el tráfico de drogas y armas.
El análisis anual no da ejemplos de los vínculos de Venezuela con Cuba, pero sí lo hace en el caso de Irán.
Destacó, por ejemplo, que en marzo de 2007, Irán y Venezuela iniciaron vuelos desde y hacia Teherán y Damasco, y que los pasajeros en esos vuelos "no estuvieron sujetos a controles de aduanas e inmigración" en el aeropuerto internacional de Caracas.
Asimismo, citó el caso de Abdul Kadir, un ciudadano de Guayana presuntamente implicado en un complot para atacar el aeropuerto JFK en Nueva York.
El hombre fue detenido en Trinidad el 1 de junio de 2007 mientras se disponía a viajar a Caracas, desde donde continuaría a Teherán.
El informe no da más detalles sobre el caso ni indica si el hombre viajaba con documentos falsos. Sin embargo, destaca la facilidad con la que se pueden obtener documentos de viaje, identificación y ciudadanía en Venezuela, lo que lo convierte en un sitio atractivo para terroristas.
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