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Sin acuerdo por la inmigración

El MERCOSUR y la UE mantienen las diferencias

El MERCOSUR y la UE mantienen las diferencias

miércoles 02 de julio de 2008, 14:32h
Mientras el MERCOSUR reiteró su rechazó a la ley de inmigración, la UE minimiza el tema
El MERCOSUR se mantiene firme en su postura
El Mercosur  reiteró su rechazo al endurecimiento de la política europea de migración y llamar a la reflexión a los dirigentes del bloque comunitario.

Las declaraciones de condena contra la directiva de retorno de inmigrantes ilegales, aprobada por la Unión Europea (UE) a mediados de junio, fueron una constante durante la Cumbre y centraron buena parte del debate presidencial.
Los miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con Venezuela en proceso de adhesión) y los asociados (Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Colombia) suscribieron una declaración conjunta en la que manifiestan su "rechazo" formalmente a la directiva y reivindican los positivos aportes de sus migrantes a los países europeos.

Entre otras medidas, la directiva europea -que entrará en vigor en 2010- establece que los inmigrantes en condición irregular, incluidos los menores, pueden ser detenidos hasta por seis meses, prorrogables por doce más, mientras se tramita su expulsión de Europa, a donde no podrán regresar en cinco años.

Los presidentes del Mercosur "rechazan" cualquier intento de criminalización de la migración irregular y la adopción de políticas migratorias restrictivas, en particular hacia los sectores más vulnerables, como las mujeres y los niños, señala la declaración de la cita.

Asimismo, defienden la necesidad de luchar contra el racismo, la discriminación, la xenofobia y otras formas de intolerancia.

El término "rechazo" fue incluido en la declaración del Mercosur a propuesta del presidente de Bolivia, Evo Morales, en sustitución de la versión inicial, que expresaba la "profunda preocupación" de los mandatarios por la directiva europea.

Pese al cambio de última hora, el documento no recoge la dureza de las críticas que se escucharon en el pleno de la XXXV Cumbre del Mercosur de boca de prácticamente todos los mandatarios que acudieron a la convocatoria.

Morales, uno de los más críticos con el giro europeo, se preguntó "¿dónde está el alma europea?" y pidió a sus colegas un rechazo "unánime" a la directiva comunitaria.
"No puedo entender cómo plantean esta directiva de retorno en Europa. Antes nos decían que los indios no tienen alma, me pregunto dónde está el alma europea", denunció.

"América ha recibido a mucha gente. Algunos acapararon miles de hectáreas de tierras, saquearon nuestros recursos naturales, explotaron a nuestros hermanos y ahora aprueban la directiva de retorno", insistió.

Casi tan duro fue su socio y aliado venezolano, Hugo Chávez, quien pidió a los presidentes una respuesta contundente contra la "barbarie" de la UE.
"Habría que conciliar posibles respuestas y llamar a la reflexión a los Gobiernos de Europa", apuntó el mandatario venezolano, que recordó que su Gobierno ya adelantó una posible reacción, como la aplicación de una "ley de retorno" de las inversiones europeas en su país, aunque matizó: "No queremos comprometer a nadie".

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que asumió  la Presidencia pro Tempore del Mercosur, llegó a lamentar las actitudes "racistas" de la vieja Europa.

El endurecimiento de la política migratoria europea es especialmente sensible para América Latina porque gran parte de los inmigrantes irregulares que residen en la UE -unos ocho millones según cálculos oficiales- proceden de países de la región y por los lazos históricos y culturales que unen ambos continentes.

Precisamente a esos lazos se refirió el uruguayo Tabaré Vázquez, nieto de emigrantes españoles, que lamentó los "brotes xenofóbicos" y la discriminación que sufren los latinoamericanos en Europa.

"Nadie emigra por placer, sino por necesidad", apuntó Vázquez, para quien América Latina "es un enorme laboratorio de investigación genética por las mezclas de razas y, sin duda, el mestizaje será el futuro de la Humanidad".

Otra de las quejas que surgió de los presidentes fue que cuando necesitan gente capacitada se la llevan sin problemas, pero cuando la gente emigra por necesidad ahí son delincuentes.

La UE minimiza la protesta latinoamericana

La Unión Europea (UE) reconoce errores de comunicación para transmitir en Latinoamérica el contenido de la polémica ley de retorno, aunque considera que algunos Gobiernos "sobrerreaccionaron" ante "rumores que no corresponden a las intenciones" del bloque.

Así lo afirmó  el embajador de Francia en Perú, Pierre Charasse, como representante del país que hoy asumió la presidencia de turno de la UE, tras admitir que fue un error europeo "no tener en cuenta la sensibilidad en este tema en América Latina".

En rueda de prensa en Lima, Charasse explicó que en Europa "no es una novedad" la discusión de una ley que regule el retorno de los inmigrantes indocumentados y por ello no se consideró importante informar bien sobre el tema.

Esta situación, que coincidió además con la transición en la presidencia de turno de la UE, dio pie a "que muchos reaccionaran sin conocer el texto", enfatizó.

El diplomático aseguró que la directiva, aprobada por la Eurocámara el pasado 18 de junio, pretende armonizar las posiciones entre los Veintisiete para "ordenar y facilitar las migraciones legales, luchar contra la inmigración ilegal y promover el desarrollo de los países con fuerte migración".

El embajador también se refirió a la resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) de enviar una misión de alto rango a la UE para informarse sobre la directiva, a la que consideró "respetuosa" con la decisión soberana de la Eurocámara.

Sin embargo, Charasse consideró "curioso" que en lugar de consultar a los países europeos, los latinoamericanos hayan acudido a la OEA, "donde participan los EE.UU., que literalmente está construyendo un muro contra los inmigrantes, algo más violento que la directiva de retorno".

Esta directiva de la UE prevé que los inmigrantes irregulares, incluidos los menores, puedan ser detenidos e "internados" en centros especiales por un período máximo de 18 meses mientras se tramita su expulsión.

En Europa viven cerca de ocho millones de emigrantes irregulares que podrían verse afectados por esta normativa, entre ellos latinoamericanos.
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