Presentan una demanda contra la polémica nueva ley de escuchas promulgada por Bush

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó hoy una demanda contra la nueva ley de espionaje promulgada por el presidente de EEUU, George W. Bush, que autoriza las escuchas sin permiso judicial.

La organización pretende con esa demanda impedir que el Gobierno de Bush aplique una legislación que le da prácticamente "un cheque en blanco" para interceptar las llamadas internacionales y correos electrónicos de los estadounidenses.

La demanda fue presentada por ACLU en nombre de una coalición de abogados, organizaciones de derechos humanos y laborales, y medios de comunicación cuya "capacidad de realizar su trabajo", que se basa en información confidencial, se verá comprometida con esta ley.

En un comunicado, ACLU argumenta que la nueva norma, que reforma la llamada Ley de Supervisión de Datos de Inteligencia sobre Extranjeros (FISA) de 1978, supone un "abuso" de los poderes de un gobierno y viola la Constitución estadounidense.

ACLU alega también que la ley de espionaje viola los derechos de los ciudadanos estadounidenses a la libertad de expresión y la privacidad, bajo la primera y la cuarta enmienda de la Carta Magna.

La polémica normativa, aprobada el miércoles en el Senado, concede inmunidad a las empresas de telecomunicaciones que colaboran con el Gobierno en sus intentos de identificar a presuntos terroristas a través de escuchas telefónicas.

Además, la iniciativa autoriza escuchas sin permiso judicial a través de las redes de EEUU, ya sean de ciudadanos de este país o de extranjeros.

"La nueva ley permite al Gobierno espiar sin tener que contar a ninguna corte a quién pretende vigilar, qué líneas telefónicas serán objeto de las escuchas, qué direcciones de correos electrónicos quiere espiar, dónde están localizadas las personas afectadas, o por qué está haciendo esto", apuntó ACLU.

Los co-demandantes son The Nation y dos de sus periodistas, Amnistía Internacional, Global Rights, Global Fund for Women, Human Rights Watch, PEN American Center, Service Employees International Union, Washington Office on Latin America, International Criminal Defense Attorneys Association y tres abogados.

La demanda, que ha sido registrada en la Corte federal del Distrito Sur de Nueva York, pretende que el juez declare inconstitucional la ley y pare su aplicación de manera inmediata y permanente.

Bush argumenta que la nueva norma es necesaria para dar a los servicios de inteligencia los instrumentos que requieren para proteger a los ciudadanos y prevenir al país de eventuales atentados terroristas.

En 2006, ACLU presentó una demanda contra la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) que, como encargada del espionaje de las telecomunicaciones, gestionó con la autorización de Bush un programa de escuchas sin necesidad de pedir permiso judicial después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La organización ganó el juicio en primera instancia, pero una corte de apelaciones desestimó el caso y el Tribunal Supremo rechazó a principios de este año retomar el asunto.