Montevideo.- La justicia uruguaya ordenó levantar el secreto bancario de cuatro personas en el marco de una indagatoria sobre el presunto desvío de dinero de una empresa que exporta casas prefabricadas a Venezuela, informó el domingo el diario El País.
La medida fue dispuesta por la jueza Fanny Canessa, que atiende una denuncia presentada por el apoderado del venezolano Franklin Durán Guerrero, sometido a proceso en Miami en el marco del llamado 'caso de la valija'.
Este caso refiere a un maletín con 800.000 dólares incautado en Buenos Aires en agosto de 2007 al venezolano Guido Antonini y que tenía como presunto destino la campaña electoral de la entonces candidata a la presidencia argentina Cristina Kirchner.
Canessa dispuso el levantamiento del secreto bancario de dos cuentas que pertenecen, de acuerdo con la denuncia, una a la empresa Umissa, y la otra a su dueño, Alejandro Lagrenade, su representante en Venezuela Norberto Barcos, Guido Antonini, y Gabriela Alcalá, según el diario El País.
La jueza solicitó además al Banco Central del Uruguay (BCU) que le informe del estado y movimientos de otras cuentas que haya a nombre de los mencionados en la denuncia, añadió el diario
Umissa firmó un contrato con el gobierno venezolano por 156 millones de dólares en diciembre de 2005 para exportar 12.000 kits de viviendas prefabricadas, en el marco de acuerdos entre ambos gobiernos para incrementar las exportaciones uruguayas a Venezuela a partir de la compra de petróleo a ese país.
Durán alega que se constituyó en fiador solidario del contrato entre Umissa y el Ministerio de la Vivienda venezolano a cambio de una comisión que nunca cobró, dijeron fuentes del caso a la AFP.
Asimismo, indicaron que buena parte del anticipo recibido por Umissa de Venezuela "en mayo de 2006, de unos 23.320.000 dólares en cuenta de un banco extranjero en Montevideo", habría sido "transferido a otra cuenta de la misma entidad bancaria a nombre personal y conjunto entre los que figuran Norberto Barcos y Antonini Wilson".
Fuentes de Umissa dijeron a El País que "no se realizó ningún contrato con Durán", admitieron que la empresa tiene vínculos con Antonini, y señalaron que el 80% del anticipo que recibió de Venezuela fue depositado como garantía.
Estas mismas fuentes añadieron que se auditaron los gastos para insumos y servicios y que "no hubo desviación de fondos y lo demostraremos en la Justicia".