En un país en dónde se ha indultado a los responsables de los ERE en Andalucía, se ha amnistiado a los golpistas catalanes del 1-O, o en dónde el gobierno de turno llega a suscribir acuerdos con antiguos terroristas que hasta han acribillado a balazos a compañeros de partido, ya poco puede sorprender al atribulado ciudadano que estos días estén surgiendo como setas otoñales los casos de dirigentes políticos en todos los partidos que mienten sobre su titulación académica o que , incluso, llegan a falsificar un título.
Ese ha sido el caso de José María Ángel Batalla, militante socialista valenciano que fue comisionado gubernamental para la reconstrucción tras la DANA y que, en un acto de equívoca solidaridad ha llegado a retratar a la misma ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que ha salido en defensa de su compañero de partido (“no pedimos títulos, pedimos hoja de servicios…”). Claro, que lo mismo hizo con José Luis Ábalos o Santos Cerdán y ahora hace mutis por el foro cuando algún periodista desconsiderado y fascista tiene el mal gusto de nombrarle la soga en casa del ahorcado.
Que los partidos políticos se han convertido, quizás y sobre todo, en verdaderas agencias de colocación de sus militantes ya teníamos sobradas pruebas. Si no hay necesidades en organismos, instituciones o empresas públicas, se hace creer que ha sido una negligencia no haberlos creado antes y, claro está, esa plaza siempre recae en el adepto, en el que practica la fe del carbonero ante los argumentos o los lemas del partido.
La caza indiscriminada del militante mentiroso comenzó hace sólo unos días con el caso de la afiliada del PP madrileño Noelia Núñez, a la sazón diputada en el Congreso , que se vio obligada a dimitir cuando alguien, desde las filas socialistas, le afeó haber mentido en su currículum académico. A partir de ahí han surgido nombres de políticos que han hecho otro tanto en las filas del PSOE y de Vox, que han seguido la senda marcada por la entonces ministra de Sanidad del gobierno Sánchez, Carmen Montón, que dejó su cargo al desvelarse que había cometido plagio y falsificado algunas notas en un máster. Claro que, con pruebas aún más evidentes se pilló con las manos en la masa de la obtención de un doctorado al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ahí lo tienen ustedes, tan campante, tan ufano y tan olímpico despreciando a quienes subrayan párrafos enteros de su tesis fusilados de documentos de partido o de instituciones vinculadas al mundo económico, que era el teórico campo del saber en el que se movía esa tesis sanchista.
La intención del Partido Popular de plantear, a partir del caso de Noelia Núñez, y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, una mayor exigencia ética entre los cargos públicos fue una ágil respuesta a un asunto que está más extendido de lo que parece, y en todos los partidos políticos del arco parlamentario. A partir de ahí hemos visto cómo se han ido modificando ligera o sustancialmente docenas de currículums de los afectados, no vaya a ser que la caza de brujas acabe tocándoles también a ellos.
El gran problema que nos acucia a todos es la tolerancia que se ha hecho ya un hueco definido en la sociedad al aceptar mentira tras mentira , especialmente lanzadas desde las filas del propio gobierno, sin que por ello haya habido consecuencias políticas inmediatas y en forma de dimisión. Estamos hartos, por ejemplo y últimamente, de escuchar un día poner la mano en el fuego de la mayor parte del consejo de ministros por su compañero y secretario de organización del partido, Santos Cerdán, y unos días después replegar velas tras verlo entre rejas en Soto del Real. Ha sido el caso de la osada portavoz gubernamental, Pilar Alegría, del locuaz (otros prefieren el término de bocazas) Óscar Puente -el ministro que dedica más tiempo a la red X que al propio ministerio de Transportes–, o el mismo ministro del Interior, Grande-Marlaska, que ya han adoptado la cara de cemento armado de su presidente a la hora de decir una cosa y la contraria ante los medios de comunicación sin despeinarse el flequillo.
Pero no se preocupen ustedes, porque cuando se inicie nuevamente el trabajo parlamentario en el Congreso y en el Senado , está de castigar la mentira de los cargos públicos, probablemente, será una de las primeras leyes de consenso que se alcanzará en las Cortes de la nación... Ya estoy escuchando sus respuestas: ¡Ja ja ja! Cierto, es que hoy no puedo reprimir la vena provocadora contra esta manada de políticos analfabetos que hoy tenemos que padecer.