Mientras en los cielos de los estados y regiones sudanesas llueven misiles sobre las cabezas de los civiles y la guerra entra en su tercer año, crecen las voces que hablan del reparto del “pastel de Sudán” y de la intensificación de la competencia entre gobiernos regionales que apoyan a los islamistas por el botín de la guerra, bajo la supervisión del régimen de Puerto Sudán, que agrupa una alianza entre Abdel Fattah al-Burhan y el brazo local de los Hermanos Musulmanes en este país africano.
En varios frentes, las fuerzas del ejército y las milicias islamistas recibieron duros golpes durante los primeros meses del conflicto, pero envíos de armas que el periódico The Washington Post calificó como “secretos” dieron lugar a un panorama aún más brutal, al usarse para atacar a civiles en mercados, hospitales y escuelas bajo el régimen de Puerto Sudán.
Rodeados de banderas sudanesas y cajas de pañuelos doradas sobre mesas de mármol, las sonrisas del comandante del ejército sudanés Al-Burhan y de Özkan Şakir, enviado de la empresa turca de armamento Baykar, fueron amplias al celebrar la llegada de una nueva remesa de drones y misiles a Shendi y Atbara, dos ciudades con bases militares al norte de Jartum. Una imagen que simboliza dos elementos clave de la guerra en Sudán: “el armamento turco y el brillo de la minería”.
Drones a cambio de minas
Un informe del diario estadounidense revela que, por ejemplo, durante las discusiones posteriores a la entrega de drones turcos a Al-Burhan, ejecutivos de Baykar informaron a sus colegas que generales sudaneses estaban considerando conceder a empresas turcas acceso a las reservas nacionales de cobre, oro y plata, así como licencias para operar instalaciones de pesca y procesamiento de mariscos.
Según documentos de la empresa turca, entre las promesas recibidas por Ankara se encuentran derechos para desarrollar el puerto de Abu Amama, un puerto estratégico en el mar Rojo. Es importante destacar que los envíos de Baykar al régimen de Puerto Sudán violan múltiples rondas de sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea.
Este proceso de armamento turco para Al-Burhan y los islamistas coincide con los esfuerzos del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan para expandir la influencia militar y diplomática de Ankara en el conflictivo Cuerno de África, apoyado por su firme respaldo a los Hermanos Musulmanes, aliados de Al-Burhan, según The Washington Post.
La guerra del oro: una mirada histórica
El Instituto Italiano de Estudios de Política Internacional señala en un análisis sobre el papel del oro en la guerra de Sudán que, tras el estallido de la guerra civil, el oro se convirtió rápidamente en un elemento central del conflicto, tanto como herramienta de guerra como causa subyacente, dado su valor económico en el país durante los últimos 25 años.
Aunque diversos recursos naturales —incluidas tierras, ganado, minerales y goma arábiga— están entrelazados en las dinámicas de la guerra, el oro destaca como un activo crucial por su alto valor, facilidad de transporte y papel en el financiamiento tanto de actores armados locales como de patrocinadores extranjeros. Esto lo convierte en un factor clave en la sostenibilidad y configuración del conflicto actual, según el instituto.
A principios de 2010, el oro tenía un papel relativamente menor en la economía sudanesa. La minería se limitaba a un solo sitio abierto en 1992 en el noreste, y la minería artesanal era reducida. Sin embargo, la crisis económica provocada por la secesión de Sudán del Sur en 2011 —que significó la pérdida del 75% de las reservas petroleras y el 90% de los ingresos en divisas— creó un entorno propicio para la expansión de la minería.
Ante el aumento del desempleo y la inflación, muchos jóvenes sudaneses recurrieron a la minería artesanal para sobrevivir. Esta fiebre del oro inicialmente no fue reprimida, y el régimen islamista de Omar al-Bashir buscó aprovechar sus beneficios a través de una regulación indirecta.
Al mismo tiempo, el régimen de Al-Bashir otorgó concesiones mineras a empresas vinculadas al ejército, los servicios de inteligencia y a actores extranjeros. Aunque toleraba la minería artesanal, tenía dificultades para controlar sus ingresos. Los intentos de imponer un control centralizado sobre la producción local alimentaron agravios que emergieron durante la revolución de diciembre y, en última instancia, contribuyeron al derrocamiento de Al-Bashir en 2019.
En 2020, el gobierno civil de transición liderado por Abdullah Hamdok transfirió la propiedad de las minas de oro de Jabal Amer al Estado. Según un informe de un organismo de transparencia y políticas, el gobierno de Hamdok recuperó el control estatal sobre las minas de oro al mismo tiempo que estableció el “Comité de Desmantelamiento del Empoderamiento” para desmontar la influencia militar-islamista sobre la economía nacional. Sin embargo, estos movimientos precipitaron el golpe militar de Al-Burhan en 2021, que incluyó el secuestro de Hamdok.
A pesar de la falta de datos oficiales fiables debido al contrabando de oro (que se estima entre el 50% y el 80% de la producción total), la importancia crítica del oro como fuente de ingresos se ha reflejado en los esfuerzos constantes por mantener y expandir este sector, lo que ha llevado a duplicar la producción total del mineral.
Para relanzar la minería en las regiones del noreste, el régimen de Al-Burhan ha emprendido iniciativas diplomáticas orientadas principalmente a atraer inversionistas extranjeros. El Instituto Italiano destaca que el sector del oro ha sido clave en las dinámicas políticas y económicas de Sudán durante décadas, especialmente después de la pérdida de ingresos petroleros en 2011. Con el estallido de la guerra civil en 2023, el oro dejó de ser un mero recurso económico para convertirse en una herramienta de poder y dominación.
Influencia de los islamistas
En un análisis publicado en su cuenta de X, el analista político Ayman Othman Hassan sostiene que Sudán es uno de los países más gobernados por militares y que ha sufrido una profunda militarización de la vida política desde su independencia. Afirma que la legitimidad del poder normalmente se deriva de fuentes como constituciones, elecciones democráticas o consensos populares, como fue el caso del gobierno de transición tras la Revolución de Diciembre.
La alianza militar-islamista en Sudán se ha apoderado de vastos recursos económicos, incluidas empresas en los sectores de defensa, minería y agricultura, lo que ha fortalecido su influencia más allá del ámbito castrense, según Hassan. Este control ha convertido al ejército en una herramienta al servicio de la agenda islamista, provocando divisiones internas y la pérdida de confianza popular.
Durante el régimen de salvación, se nombraron figuras de segundo nivel del Partido del Congreso Nacional en puestos militares clave, a pesar de no provenir de academias militares. Desde el inicio de la guerra en abril de 2023, el movimiento islamista ha surgido como principal respaldo del ejército, con miles de muyahidines islamistas uniéndose a sus filas.
Este pacto no habría sido posible sin apoyo externo. El analista Mustafa Isen, del Instituto de Diplomacia y Economía, señala que un informe anterior de Amnistía Internacional destacó la importación masiva de armas y equipamiento militar desde países como Turquía e Irán.
Por su parte, el activista sudanés residente en Estados Unidos, Abdeljabbar Ibrahim, advierte sobre la llegada de fuerzas navales eritreas para ayudar al “ejército de los restos del antiguo régimen” a matar a su propio pueblo, insinuando que su destino será similar al del nuevo Ejército Nacional de Sudán, conocido como “Ejército del Pacto Fundacional”, que ya ha infligido duros golpes al encubrimiento turco e iraní en el país.
Informes anteriores habían alertado sobre la infiltración de islamistas en las fuerzas de Al-Burhan y sobre campamentos de la Guardia Revolucionaria iraní en zonas sudanesas, con la presencia de lemas extremistas vinculados a simpatizantes del expresidente derrocado Omar al-Bashir, según Abdeljabbar.
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