Erre que erre

La debilidad parlamentaria del gobierno Sánchez es una evidencia que viene comprobándose periódicamente desde el mismo comienzo de la legislatura en las dos cámaras, Congreso y Senado. La última prueba de ello ha sido la iniciativa conjunta de todos los partidos independentistas (ERC, Bildu, Junts per Catalunya, el PdeCat, la CUP y el BNG), que han aprovechado el debate en la Comisión Constitucional en el Congreso de los Diputados de la Ley de Memoria Democrática. Han utilizado los resquicios legales de la propuesta gubernamental para lanzar una nueva andanada contra la Monarquía a través de una enmienda por la que piden la supresión del título de Rey de España, así como «todos los privilegios y prerrogativas personales y familiares que del mismo derivan».

Por el momento -sólo por el momento, subrayo-, la iniciativa no ha obtenido el apoyo de Unidas Podemos, no sé muy bien si por razones estratégicas o por una cuestión milagrosa que haya propiciado la vuelta al sentido común de sus señorías moradas, cuestión esta última altamente improbable por razones que creo innecesario explicar.

El gobierno, por su parte, hoy se muestra firme en el apoyo a la figura de Felipe VI y en la salvaguarda de la institución. De hecho, viene trabajando intensamente durante los últimos meses con Zarzuela con el ánimo de dotar a la monarquía de una cada vez mayor transparencia y ejemplaridad –cuestión esta que tampoco le vendría nada mal al mismo ejecutivo-, adecuándola a las exigencias actuales. Pero, paralelamente, desde la Casa Real se está poniendo sumo cuidado en desvincular esta iniciativa del horizonte judicial del padre del Rey por sus recientes y bien conocidos escándalos fiscales.

Pero la ofensiva de la extrema izquierda contra la monarquía española no deja de estar siempre latente en el panorama político. La penúltima iniciativa en este sentido la firma la denominada Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquía o República, que ha convocado para mediados de mayo de 2022 una suerte de consulta, referéndum, no oficial ni vinculante –según dice en un comunicado que ha lanzado hace unos días-, sobre cuál debería ser el modelo de Estado en España. Aunque la consulta no cuenta con el apoyo de ninguna administración pública española - ¡sólo nos faltaba eso…! -, ha sido apoyada por Izquierda Unida que, a pesar de ser una formación minoritaria, recordemos que está representada en el gobierno de coalición de Pedro Sánchez a través de la figura de Alberto Garzón, ministro de Consumo.

Pero, mirándolo bien, no hay nada nuevo bajo el sol porque, si por un lado los nacionalistas han presentado esa enmienda a la Ley de Memoria Democrática, probablemente su objetivo real es recordar una vez más al gobierno que no se va a entregar un cheque en blanco para secundar la iniciativa socialista de esa Ley y, por otro lado, organizaciones satélite como esa Plataforma seguirán insistiendo permanentemente en sus pretensiones de cambio de sistema político con iniciativas de todo tipo encaminadas a la consecución de su objetivo, independientemente de los estados de opinión o de las preocupaciones ciudadanas.

En efecto, el debate entre monarquía o república no es una cuestión que forme parte de las mayores preocupaciones entre los ciudadanos españoles. No hay más que pasarse por bares, plazas, parques y cafeterías y poner el oído a ver en cuántos corrillos es ese el tema de discusión. Y, a más a más –que dirían los catalanes, incluso los independentistas-, no hay más que recurrir a datos que proporciona el mismo CIS de Tezanos que, en diciembre de 2020 –meses después de los escándalos protagonizados por el rey Juan Carlos-, se trata de un debate que sólo preocupa a un 0,3% de la sociedad española.

Más aún, esta misma semana la empresa NC Report ha realizado una encuesta para La Razón, según la cual, y siete años después de su proclamación como Felipe VI, y en un reinado en el que se han juntado todas las crisis habidas y por haber, la salud de la Monarquía española sigue siendo buena. La valora «positivamente» el 69,8 por ciento de los encuestados, y sólo un 24,5 por ciento lo califica de «negativo». Al tiempo, un 70,2 por ciento está convencido de que la princesa Leonor reinará, y sólo el 21,3 por ciento lo pone en duda.

La realidad, pues, no es como quieren pintárnosla las fuerzas nacionalistas del congreso ni estas otras asociaciones ciudadanas para quienes el caso es sacar como sea las urnas a la calle, al margen de las garantías mínimas de validación de una consulta como la que pretenden llevar a cabo. ¡Señores, seamos serios y dediquémonos de una vez a arrimar el hombro todos juntos y en la misma dirección porque la que ya tenemos encima es de órdago!