En este país -los hechos, desgraciadamente, así lo demuestran-, no hay cultura de la prevención. Si el mantenimiento de las infraestructuras sumaran votos, otro gallo cantaría. No hay más que mirar a lo sucedido a finales de octubre de 2024 en Valencia con la DANA, en toda España con el gran Apagón de abril de 2025, y ahora con el horrible accidente de ferrocarril sucedido en Adamuz (Córdoba).
Al parecer, hay que esperar a que mueran 45 viajeros para que se inicien los análisis, las investigaciones, la búsqueda minuciosa, aunque ya inútil para reparar esas docenas de muertes… ¡Lamentable! Y lo que aún es mucho más lacerante es que esas investigaciones estén más orientadas por parte de los grandes responsables de las infraestructuras ferroviarias de España (léase ministro de Transportes y presidente de Adif en primer término, y el presidente del Gobierno en última instancia) a intentar hacer prevalecer un relato que encubra sus responsabilidades correspondientes.
No haría falta esperar a terminar las investigaciones correspondientes para que Óscar Puente y Pedro Marco de la Peña, ministro de Transportes y presidente de Adif respectivamente, hubieran presentado inmediatamente su dimisión como única forma digna de reconocimiento de un fatídico error por omisión en sus funciones de prevención y seguridad de los centenares de miles de viajeros que utilizan asiduamente el tren como fórmula habitual de sus desplazamientos. A eso se le llama responsabilidad política que, en todo caso, es absolutamente diferente a la responsabilidad jurídica –penal incluso–, de cuya concreción son responsables los jueces, si es que finalmente el caso llega hasta la Administración de Justicia.
La prepotencia de las autoridades al dejar en saco roto las advertencias previas de los expertos (maquinistas e ingenieros de Caminos fundamentalmente), incluso de los mismos usuarios, que llevan denunciando desde hace meses el mal estado de ciertos tramos en las infraestructuras ferroviarias, ya debería de ser motivo suficiente para la dimisión o el cese inmediato de sus últimos responsables cuando el resultado final de las mismas es una catástrofe que acaba costándole la vida a 45 ciudadanos.
Una vez sobrevenida la desgracia, lo que menos importa a los políticos es conocer las verdaderas causas de lo sucedido. Sus esfuerzos están más orientados a echar tierra encima de las comisiones de investigación ad hoc, y a construir un relato que tape la realidad porque, en caso contrario, sería esta la que cavase las tumbas políticas de tanto gestor irresponsable sobrevenido, cuyo único afán es mantenerse en el cargo para seguir chupando del bote, tirando de tarjeta de empresa o ministerio y, si se presenta la oportunidad, poner el cazo para recoger alguna parte de lo que se pierde en el camino de tanta licitación de obras públicas. Pregúntese si no a José Luis Ábalos o a Koldo García, exministro de Transportes y consejero de Renfe respectivamente, hoy a buen recaudo en la prisión de Soto del Real mientras esperan un juicio justo por sus presuntos hechos delictivos al transformar un ministerio en la cueva de Alí Babá.
¿Tan difícil es que de aquí en adelante, incluso por ley, se acaben poniendo al frente de organismos o instituciones especializadas en infraestructuras, como es el caso de Adif o de Renfe, a gestores profesionales y no a funcionarios del partido de turno? Esta sería, probablemente, la forma más lógica y segura de que sea la profesionalidad y no la obediencia ciega de partido la que rigiese el futuro de infraestructuras y servicios clave del Estado en nuestro país. Así se miraría más al medio y al largo plazo para intentar mantener la excelencia de servicios como el del ferrocarril, que durante los últimos decenios ha sido modélico en España y que ha bastado el paso de dos ministros nefastos -Ábalos y Puente- para cargárselo en apenas siete años. Y, lo que aún es infinitamente más importante, a evitar con algunas garantías más que puedan volver a suceder tragedias como la de Adamuz, la DANA o el 'gran apagón'.
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