Rancias cortinas de humo

Por Jimena Muñoz Casado

España se corrompe. Lo lleva haciendo desde hace años. El avance hacia la democracia parece retroceder cuando, en pro de alejar atenciones indeseadas hacia los escándalos y corruptelas del Ejecutivo, los derechos fundamentales y su desarrollo constitucional se ven puestos en duda, e incluso, mermados.

Lo llevamos viendo desde la ley del sí es sí, cuando los jueces eran machistas. O incluso desde antes. Desde los indultos y amnistías a golpistas que siguen pretendiendo desestabilizar el Estado de Derecho, y la Unidad de España. También con los casos del FGE, Begoña Gómez y el hermanísimo se ha hablado de lawfare. Algo que no ha calado tanto. Solamente cuando un acuerdo de paz ha sido alcanzado entre Israel y Hamás y la flotilla ha desembarcado, han callado y desaparecido las manifestaciones sobre la libertad, el río y el mar, que hizo la Ministra de Trabajo, y el free Palestine de los lobbies feministas y LGTBI de izquierdas, ignorando lo que ocurriría si manifestaran su sexualidad en tierras gazatíes. Por lo demás, se ha acabado el chollo del conflicto internacional en Oriente Medio, y hay que buscar una solución rápida y eficaz para tener al Pueblo distraído.Y la solución: sacar a colación el aborto.

No hay que olvidar que nuestro Tribunal Constitucional no se ha pronunciado aún al respecto. Quizá sea porque la sentencia podría herir sensibilidades y no dejaría indiferente a nadie. El TC no es un órgano dependiente del Poder Judicial. No lo conforman jueces, sino juristas puestos a dedo por partidos políticos. A la masa hay que tenerla tranquila, si conviene. ¿Cuántos contenedores arderían si el Constitucional se pronunciara al respecto? ¿Qué pasaría si hubiera sentencia?.Lo cierto es que el aborto -todavía- es un delito. Y el derecho de aborto es una excepción a dicho delito.

La tipificación de conductas en el Código Penal tiene su razón de ser en la existencia de bienes jurídicos a proteger. Es decir: derechos. Individuales o colectivos. Fundamentales, constitucionales, o legales. Pero derechos todos ellos. Y como derecho, se estipula en el art. 15 CE, el de la vida. Vida que desaparece con la interrupción del embarazo. Podríamos discutir si el nasciturus es sujeto de derecho, y hasta qué punto. Esto lo resuelve el Código Civil al hablar del nasciturus como tal, al contemplarse la posibilidad de que el causante pueda estipular en su testamento, por ejemplo, bienes y derechos en su favor.

Pero no sólo hay que centrarse en el feto, sino en el derecho de objeción de conciencia de los médicos. Médicos, que lo son por haber aceptado el juramento Hipocrático. Además de las propias convicciones morales e incluso, religiosas, de cada sanitario. ¿Una lista de objetores de conciencia? ¿Para qué? ¿Para señalar al profesional por su moralidad?. La Historia reciente nos ha enseñado que listas para señalar personas por sus convicciones íntimas suelen estar presentes en dictaduras. Por mucho que quieran disfrazarlo de garantías hacia la mujer. Pero más allá de la discusión doctrinal, está la discusión moral, que según Feijóo, está superada.

No parece estarlo tanto cuando Pedro Sánchez y su pandilla sacan a colación el tema, claro está, para sus propios intereses y nunca por los intereses de las mujeres en particular, ni de los ciudadanos en general. Dicen pretender elevar la excepción al delito a la categoría de derecho fundamental. Dicha propuesta resulta, en todo caso, engañosa porque para la reforma de la Sección I del Capítulo II del Título I de la Constitución sería necesario disolver las Cortes y convocar elecciones. En el remoto e improbable caso de que el Ejecutivo estuviera dispuesto a perder sus escaños, sería preceptivo consultar a los ciudadanos sobre la cuestión mediante referéndum, cuyo resultado sería, además, vinculante.

La otra vía, la reforma ordinaria... es dudoso que lleguen a hacerlo. No pueden. No tienen la mayoría necesaria para ello. Y no sólo hablo del Congreso, sino del Senado. Y… por otra parte, está el arma de doble filo del VOX. Volviendo al referéndum, una décima parte de cualquiera de las cámaras podrá pedirlo en el remoto caso de que prosperare. El coste político para el Gobierno en caso de obtener mayoría de noes sería importante. Así que en el caso de que la jugada saliera bien, el derecho de aborto se regularía por ley ordinaria, que requiere de mayoría simple para su aprobación. Pero los derechos fundamentales son materia reservada a ley orgánica, y por ley orgánica -hoy- se regula la cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo. Quiero decir con ello que la reforma constitucional sería en vano. No sé cómo las feministas no ponen el grito en el cielo ante esta cuestión.

Creo, sin embargo, que volver a la ley del 85 sería un atraso. No soy partidaria de encarcelar a una mujer que se ve obligada a recurrir a la interrupción de su embarazo. Y no soy partidaria por varias razones.

La primera: Las penas se estipulan en tanto en cuanto represente el actor un peligro para la sociedad. ¿Qué peligrosidad puede representar una mujer que aborte?

La segunda: El aborto se seguiría dando clandestinamente, conllevando más mortalidad.

La tercera, y más importante: Las condiciones socioeconómicas son lo que obliga, muchas veces, a tomar la decisión.

Un derecho, por definición, lo es en tanto en cuanto el sujeto tiene la libertad de ejercerlo. La libertad conlleva la potestad de elección inherente a su definición. ¿Hasta qué punto existe libertad si no se informa de las consecuencias psicológicas y físicas de someterse a tal intervención? No es quitarse un grano. Y, voy más allá: ¿Existe libertad si la decisión es tomada bajo la coacción de la falta de recursos?

Un Estado garantista brindaría opciones, recursos e información a las madres para poder llegar a serlo, de tal manera que los abortos se redujeran en número, y, sobretodo, las mujeres pudieran tomar su decisión sin trabas. Además, no sólo es propio de un Estado garantista, sino de un Estado inteligente. La natalidad en España está en mínimos históricos y la deuda en máximos. El pensamiento cortoplacista del legislador hace que vivir al día no sólo sea un problema de los ciudadanos, sino de la propia Hacienda Pública. La inversión monetaria a realizar en cada niño que podría nacer, desarrollarse, crecer, y eventualmente aportar al fisco y reducir la deuda, no es rentable en un período de cuatro años y hasta las próximas elecciones.

El debate sigue abierto. No hay duda. El asunto tiene ya su rancidez, pero se seguirá reabriendo siempre que convenga, mientras se continúan legislando auténticas aberraciones jurídicas hasta que Sánchez-Castejón salga de la Moncloa y se esclarezcan todos los delitos cometidos. Aunque sospecho que quedan muchas cortinas de humo para ello.