Fundación Francisco Franco

Los lazos entre la Fundación Francisco Franco y Vox siguen aflorando. Las últimas informaciones apuntan a que su patrono y portavoz, Jaime Alonso, no sólo es donante de la formación de ultraderecha sino que ejerció de 'comercial' de para buscar fondos y reclamó a cambio colocar nuevos 'fichajes' afines en las listas electorales.

Los vínculos entre los máximos dirigentes de la Fundación Francisco Franco y Vox siguen saliendo a la luz. Tras destaparse el nexo de 'Seminare', llegan las "valiosas" donaciones del patrono y portavoz de la fundación, curiosamente coincidiendo con la llegada de afiliados franquistas y la salida de todas las voces críticas de la ejecutiva de León. Vox ha cesado al momento a su presidente en León, Carlos Portomeñe.

¿Hasta dónde llegan los vínculos entre Vox y la Fundación Francisco Franco? Una información desvelada por la 'Cadena Ser' apunta a que la asociación ultracatólica 'Seminare', fundada por Luis Alfonso de Borbón, se configuraría como nexo de unión.

El Parlamento Europeo aprobará este jueves una resolución para prohibir las organizaciones que glorifican el nazismo y al fascismo que podría suponer el primer paso para ilegalizar a la fundación Francisco Franco en España. Asimismo, esta iniciativa -apoyada por cinco grupos en la Eurocámara, incluidos populares y liberales- instará a los gobiernos a tomar medidas decisivas contra el crimen de odio y el discurso de odio.

Los nietos del dictador Francisco Franco han enviado a Moncloa un burofax amenazando al gobierno con presentar una querella por prevaricación, usurpación y profanación de sepultura.

La Fiscalía de Santiago de Compostela ve indicios de delito y ha remitido a la Fiscalía de Madrid, por considerar que tiene la competencia, la denuncia que la federación gallega de Izquierda Unida -Esquerda Unida (EU)- interpuso contra la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) el 9 de octubre de 2017 por un presunto delito de odio al negar crímenes de lesa humanidad.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado ha indicado las líneas de trabajo de su departamento, entre las que destacan la reforma integral de la Ley de Memoria Histórica para dar cumplimiento a las recomendaciones de la ONU, así como a las reivindicaciones de las víctimas del franquismo. El Gobierno quiere anular los fallos y sentencias de los tribunales de excepción franquistas y anuncia que se hará cargo de la localización y exhumación de los desaparecidos. Además, Delgado ha confirmado que estudia cómo ilegalizar a las asociaciones que hagan apología del franquismo, como la Fundación Francisco Franco.

El PSOE quiere que el Gobierno de Pedro Sánchez reforme la Ley de Memoria Histórica para dar cumplimiento a sus compromisos con las víctimas del franquismo, así como a las recomendaciones de la ONU sobre verdad, justicia y reparación. El traslado de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos o la ilegalización de la Fundación en su honor, son los primeros "pasos" que el Ejecutivo podría emprender al respecto, según avanzó el secretario de Justicia del PSOE, Andrés Perelló, que ha explicado que la exhumación de los restos de Franco serviría para cambiar el significado del monumento.

El PSOE ha presentado una iniciativa parlamentaria que pretende conseguir la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, después de una polémica publicación en la que dicha entidad ensalzó el día de la victoria del dictador. Ciudadanos ha encajado con escepticismo esta propuesta y ha matizado que otras fundaciones como las independentistas catalanas ANC y Ómnium Cultural también deberían ser tratadas igual.

Compromís solicitó al Gobierno las cuentas anuales de la Fundación Francisco Franco hasta el ejercicio 2015, pero no ha recibido todas las solicitadas. Mientras el Ejecutivo de Mariano Rajoy asegura que las cuentas de 2002 "no fueron presentadas" y no dispone de las de 2003 "por problemas técnicos", lo cierto es que tampoco han entregado las correspondientes al periodo entre 2008 y 2010. Más allá de este incumplimiento de la Ley de Fundaciones en lo referido a la presentación de las cuentas anuales, el portavoz de Compromís, Carles Mulet considera que "lo peor es que fundaciones como estas existan y reciban fondos públicos, de hasta 150.841,22 euros desde 2000 a 2003".

La Fundación Francisco Franco (FNFF), cuya única razón de ser es la difusión y alabanza de la figura del dictador, ha vuelto a acaparar titulares a raíz de la polémica gestión de las visitas al Pazo de Meiras. La Fundación celebró esta concesión como "una gran oportunidad para mostrar al gran público la grandeza de Francisco Franco", lo que puede suponer un delito de apología del genocidio y de la dictadura. Así lo denunció ante la Comisión Europea la eurodiputada Lidia Senra, que busca el posicionamiento del ente comunitario ante lo que considera "un insulto a las víctimas del franquismo". La FNFF ha salido al paso de estas declaraciones con un comunicado en el que, además de negar este delito, acusa al Frente Popular de haber cometido un genocidio "contra los católicos españoles".

La Fundación Nacional Francisco Franco ha ido desclasificando de facto información reservada del Estado a través de la digitalización de los archivos depositados en el Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH). Este hecho acaba de ser confirmado por el propio Gobierno en su respuesta a la pregunta formulada por el diputado de Unidos Podemos, Alberto Garzón.

El Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no ley que insta al Gobierno a investigar a la Fundación Francisco Franco (FNFF) por alentar el incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Esta proposición, presentada por Unidos Podemos, fue apoyada por la mayoría de grupos parlamentarios, excepto el PP, que votó en contra y Ciudadanos, que se abstuvo. Diariocrítico ha contacto con el ex vicepresidente Ejecutivo de la FNFF y portavoz en asuntos de Memoria Histórica, Jaime Alonso, que considera que esta proposición “denota la inutilidad del Parlamento”. Sobre la postura del PP y Ciudadanos, Alonso asegura que no es ninguna sorpresa sino algo “esperado en gente sin principios, sin valores y sin conocimiento de la Historia”.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado la fianza aportada mediante una garantía hipotecaria por dos cargos de la Fundación Franisco Franco, Jaime y José Ángel Alonso García, por ser insuficiente para cubrir la caución de 300.000 euros impuesta para que el ex banquero Mario Conde salga de prisión.

Los hermanos Alonso García, los dos avalistas de Mario Conde que han presentado en la Audiencia Nacional una garantía hipotecaria de cuatro de sus fincas para respaldar la fianza de 300.000 euros que necesita el exbanquero para salir de prisión, ocupan altos cargos en la Fundación Francisco Franco, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

40 años después del fallecimiento del dictador Francisco Franco, su ‘espíritu’ sigue vivo en su último gran bastión: la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF). La sede de la fundación se encuentra en la avenida Concha Espina, a escasos 400 metros del estadio Santiago Bernabéu, en la tercera planta de un edificio color amarillo mostaza. Su vicepresidente ejecutivo, Jaime Alonso, explicó a Diariocrítico que la ‘misión’ de esta organización no es otra que la de “preservar la Historia y la memoria de los hechos ocurridos durante el ejercicio de poder del régimen de Franco”. La ley de Memoria Histórica, la polémica por la retirada del monolito al Alférez Provisional por parte del Ayuntamiento de Madrid, la irrupción de nuevos partidos políticos, la compleja situación resultante de las elecciones del 20-D o el ‘voto franquista’, son algunos de los temas sobre los que este digital ha charlado con Jaime Alonso.

La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) ha acusado este viernes al Gobierno de actuar de forma "cobarde" por haber "presionado", a su juicio, a la empresa adjudicataria del servicio de catering del Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid para que cancelara el acto sobre Franco que la Fundación tenía previsto celebrar el próximo 2 de diciembre, y ha anunciado que ejercerá acciones legales "contra los organismos públicos que han impedido el legítimo ejercicio de sus derechos".