La razón no es otra que la situación económica española. Después de tres años de crisis, sigue siendo "muy grave y preocupante". Así lo perciben los principales expertos y empresarios españoles, cuyas opiniones recoge el documento Transforma España, elaborado por la
Fundación Everis.Estas personas se han agrupado en dos colectivos complementarios: expertos temáticos (cincuenta especialistas de contrastado prestigio en temáticas relevantes) y líderes empresariales (cincuenta presidentes y consejeros delegados de empresas).
En el análisis se asegura que "España no ha conseguido alcanzar el desarrollo adecuado como para competir en bienes y servicios sofisticados pero, al mismo tiempo, no puede seguir compitiendo en costes" con las economías emergentes. En su apuesta critican la dejadez del Gobierno por las políticas de exportación y cuestionan que su apuesta real haya sido "la inversión y la competitividad", sentenciando que la prioridad es recuperar la credibilidad de España como marca.
El documento señala que "más tímidamente en el 2007 y ya de lleno en el 2008 y 2009, llega la crisis interna, al compás de una crisis global, igualmente dura, aunque con ingredientes y síntomas distintos. Pensar que, en España, la crisis ha sido la causa de la necesidad de reformar cosas en el país, es errar en el diagnóstico. La situación de deterioro viene de atrás". Es decir, el problema del sistema productivo no es un problema sólo del último gobierno, ni siquiera de los dos últimos.
A su juicio, la magnitud del impacto de la crisis en España es simple y llanamente el resultado del alejamiento creciente entre el modelo productivo existente en el país y el modelo productivo objetivo que debería haberse adoptado para afrontar los nuevos retos y necesidades, tanto internos como externos. La llegada de la crisis golpea a una España necesitada de reformas urgentes, variadas y estructurales.
El documento propone, aunque no detalla medidas concretas, una serie de propuestas generalistas como cualificar la nomenclatura pública mediante la selección de méritos de sus miembros; reajustar el modelo autonómico y su 'insostenible' gasto; reforzar la separación de poderes para devolver la seguridad jurídica; y la formulación de pactos estables sobre asuntos estratégicos como la educación o la energía.
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