Ciudadanos intenta salvar 'in extremis' su pacto anticorrupción ante las reticencias del PP

El pacto con medidas anticorrupción y regeneración que firmaron PP y Ciudadanos como paso previo a negociar la investidura llega este martes a su plazo límite. Los dos partidos se comprometieron a tramitar las 6 medidas del acuerdo en los tres primeros meses de legislatura, que se agotan ahora ya que enero es considerado un mes inhabil en el Parlamento.

La formación de Albert Rivera espera este martes una respuesta en lo que será la última reunión antes de que finalice el tiempo dado. Ciudadanos y PP se reunirán de nuevo en el Congreso de los Diputados para intentar concretar dos de los puntos en los que apenas ha habido avances: la limitación del mandato del presidente y la eliminación de aforamientos a cargos políticos.

"Nuestra intención es cumplir el acuerdo con Ciudadanos, pero hay que hacerlo legalmente y constitucionalmente", ha valorado en 'RNE' el coordinador del PP Fernando Martínez Maíllo. El dirigente popular ha recordado que hace falta contar con otros partidos para aprobar algunos de los acuerdos firmados.

El partido de Mariano Rajoy ha expresado sus dudas sobre la posibilidad real de llevar a cabo la limitación de mandatos del presidente, que limitaría el número de mandatos de cada jefe de Gobierno a dos o a 8 años. Pero además, los populares no han acogido muy bien que Rivera haya insistido en que este punto del acuerdo compromete retroactivamente a Rajoy y han señalado incluso que esto podría ser inconstitucional

En cuanto a la reducción de aforamientos -que plantea la eliminación de esta condición para cargos políticos nacionales-, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría ya advirtió a Ciudadanos que este sería un proceso más complejo que lo que está en el pacto. Esta reforma no sólo implicaría un cambio en la Constitución, sino que además la vicepresidente llegó a plantear que se tendría que los aforamientos de cargos nacionales se tendrían que revisar de forma conjunta a los de los cargos territoriales, que están regulados de forma diferente.

No obstante, Ciudadanos aún no admite la derrota. Este lunes la portavoz nacional del partido, Inés Arrimadas, destacó que el pacto cumpliría sus plazos si las iniciativas estuvieran tramitadas, es decir, que simplemente contaría si estuvieran registradas.

"Nosotros lo que no hacemos son promesas incumplibles. No podemos prometer medidas que incluyen por ejemplo una reforma constitucional y que se haga en un cuarto de hora", ha justificado la dirigente.

Según este criterio, habría otros puntos del acuerdo que ya estarían en esta fase de tramitación. Es el caso de la obligación de separar a los cargos públicos imputados por corrupción de sus puestos o de eliminar la posibilidad de indulto a los condenados por delitos relacionados con la corrupción política. Ambos puntos estaban incluidos en la ley integral contra la corrupción que fue aceptada a trámite la semana pasada.

La solicitud de creación de una comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal del PP también está ya registrada, pero por el PSOE y no por Ciudadadanos. Los socialistas se adelantaron a pedirla el pasado mes de agosto y han propuesta que esta comisión investigue también otras tramas de corrupción que puedan afectar al PP.

Por último, el pacto se comprometía a impulsar una nueva ley electoral, que debía incluir una mejora de la proporcionalidad, listas desbloqueadas y en la que debía de desaparecer el voto rogado. Ciudadanos ya ha conseguido aprobar una ponencia en el Congreso para estudiar esta reforma, que se abrirá el 8 de marzo.