El Consejo Superior de Deportes (CSD), el organismo a través del cual el Gobierno gestiona el mundo del deporte nacional, ha iniciado gestiones con la FIFA en respuesta a la crisis en la Federación Española de Fútbol (RFEF).
Esta critis se ha agravado este mismo viernes por la imputación y probablemente la inhabilitación del presidente interino y único candidato a la presidencia de la entidad, Pedro Rocha.
El Gobierno necesita del apoyo directo de la FIFA para poder tomar decisiones drásticas en torno a la RFEF, ya que el máximo organismo mundial del fútbol suele sancionar a las selecciones nacionales de un país cuando sus gobiernos intervienen las federaciones, como medida de protección contra la política.
De hecho, cuando el Ejecutivo de Sánchez ya quiso intervenir contra Luis Rubiales, la FIFA advirtió de posibles sanciones y de que peligraba el Mundial 2030, que tendrá una de sus sedes en España.
El incierto futuro de Rocha
La situación dio un giro inesperado cuando la jueza de Majadahonda Delia Rodrigo, encargada de investigar presuntas irregularidades en la RFEF durante la gestión de Luis Rubiales, decidió imputar a Rocha, quien originalmente estaba citado para declarar ayer viernes pero sólo como testigo.
Fuentes jurídicas confirman que se ha formalizado la imputación de Rocha y se ha pospuesto su declaración como testigo. Rocha, quien anteriormente ocupó el cargo de vicepresidente económico de la RFEF, ha afirmado ante la jueza que no estuvo involucrado en los contratos objeto de investigación durante la gestión de Rubiales.
Además, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) abría ayer viernes un expediente contra Rocha tras su imputación en el caso de la 'Operación Brody'. Una situación que activa la posibilidad de la inhabilitación del actual presidente en funciones de la RFEF y candidato único para las elecciones del 6 de mayo.
Estas acciones derivan de los registros realizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el pasado 20 de marzo, incluyendo el de la sede de la RFEF y la residencia de Rubiales en Granada, dentro de una investigación que ha sido declarada secreta.
Rocha, quien presidió la Comisión Gestora de la RFEF tras la dimisión de Rubiales en septiembre de 2023, se encuentra ahora bajo escrutinio del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que ha iniciado un expediente por falta muy grave a raíz de una denuncia presentada por Miguel Galán. La comisión directiva del consejo decidirá si procede su inhabilitación, lo cual le impediría presentarse como candidato a la presidencia de la RFEF.
Por otra parte, la Comisión Electoral de la RFEF ha confirmado la candidatura de Rocha como única opción para las elecciones a la presidencia del organismo, para completar el mandato 2020-2024 de Rubiales. La incertidumbre sobre su futuro político y su posible inhabilitación plantean un escenario complejo para el futuro de la federación española de fútbol.
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