Cuando entró en vigor la conocida como 'ley Rider', que regulaba el sector de los repartidores en bicicleta u otros vehículos para comida rápida y otras mercancías a través de plataformas online, algunas de las compañías del sector se marcharon de España.
Fue el caso, por ejemplo, de Deliveroo, que reconoción con las nuevas condiciones laborales obligatorias, su negocio no era viable, ya que se basaba en contratar autónomos y ahorrarse el pago de los costes sociales en las nóminas. Continuaron otras, como por ejemplo Glovo, haciéndose la reina del sector. Y lo hizo perdiendo juicios y afrontando multas.
Pues bien, según adelanta hoy la 'SER', va a tener que pagar otra millonaria sanción, ahora no sólo por seguir con falsos autónomos en su plantilla, sino también por a mantener a inmigrantes 'sin papeles', ya que muchos riders alquilan sus licencias a repartidores que no tienen permiso de trabajo. Presuntamente, con el conocimiento de Glovo y sin poner medidas para evitarlo.
Según esta información, Inspección de Trabajo ha impuesto una sanción a Glovo de 56,7 millones de euros, que se suma a la de más de 70 millones que se impuso en 2022. Esta multa se corresponde al empleo de falsos autónomos como trabajadores así como a emplear a inmigrantes sin permiso de trabajo.
En total, Glovo acumula ya sanciones de 205 millones de euros, todo ello por acciones previas a la entrada en vigor de la 'Ley Riders'. La mayor parte procede de impagos de cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores que utiliza para los repartos, que le reclama ahora con algunos recargos.
La multa actual
En este caso de nueva sanción de 56,7 millones se desglosa de la siguiente manera: 32,9 millones de euros se plantean como multa correspondiente al empleo de 7.022 repartidores como falsos autónomos. Otros 19 millones se ajusta a cuotas impagadas a la Seguridad Social. Por último, hay una tercera sanción de 5,2 millones que se corresponde a la actividad fraudulenta que hacen algunos jóvenes cediendo sus licencias -muchas veces ganando dinero con ello- a otros para hacer repartos, siendo en algunas ocasiones inmigrantes sin papeles.
Inspección de Madrid halló un total de 813 inmigrantes en Glovo sin permiso de trabajo realizando estos repartos. Pero hay más: el Ministerio de Trabajo está planteándose ir más allá e ir por la vía penal, no sólo limitándose a las sanciones laborales. Denunciaría ante la Fiscalía a Glovo por explotación laboral, por lo que sus responsables se enfrentarían a años de cárcel.
Hay que recordar que el sector del reparto de comida a domicilio -y otros servicios de envío- está liderado por Glovo pero se completa con empresas como Just Eat y Uber Eats, las cuales sí cumplen con la Ley Rider y emplean en nómina a sus trabajadores. Just Eat lo hace de manera directa, Uber, mediante externalizaciones.
Glovo pertenece al grupo Delivery Hero desde julio de 2022 y no ha cambiado su modelo de negocio, siendo criticada por las demás, ya que lo consideran "competencia desleal".
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