La Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador, perteneciente a la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, ha pedido información a los principales supermercados de ámbito nacional, técnicamente considerados "operadores de distribución minorista".
Se investiga si se están trasladando correctamente al consumidor final la bajada del IVA a determinados alimentos como el aceite de oliva o las frutas y verduras.
Esta reducción del IVA a determinados alimentos, como el aceite de oliva o frutas y verduras, fue una medida del Gobierno en el marco del escudo social para hacer frente al alza de los precios provocados por la invasión rusa en Ucrania.
El inicio de esta investigación tiene su origen en la recepción por parte de esta unidad de diversas denuncias de asociaciones de consumidores y usuarios en las que se trasladaba información sobre posibles incrementos en los márgenes de beneficios dentro de la distribución minorista en el último año, principalmente en alimentos como las frutas y verduras o el aceite de oliva.
Las medidas aprobadas
Esta investigación también se encuadra dentro de la estrategia de transparencia y claridad en la conformación de precios de los alimentos que está llevando a cabo el Ministerio con el objetivo de proteger a los consumidores y medir el impacto de las medidas y políticas públicas adoptadas por el Gobierno de coalición.
En este sentido, la aplicación temporal del tipo impositivo reducido del IVA sobre determinadas entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de alimentos, que ha sido prorrogada hasta junio de 2024, prohíbe expresamente que esta reducción pueda dedicarse total o parcialmente a incrementar el margen de beneficio empresarial, pues su finalidad es, precisamente, conseguir reducir el precio de los alimentos adquiridos por los consumidores finales.
Posibles sanciones
Al efecto, dentro de esta primera fase de la investigación, se ha solicitado a cadenas de supermercados e hipermercados que aporten información sobre los precios a los que han vendido en los últimos meses los productos objeto de la reducción temporal del tipo del IVA y sobre la evolución del margen comercial o estructura de costes en relación con dichos productos.
Estas prácticas, en caso de haberse producido, podrían considerarse como incumplimientos de las normas reguladoras de precios y márgenes, constituyendo una infracción del artículo 47.1 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, pudiendo acarrear sanciones de hasta 100.000 euros, o entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido, para los casos más graves.
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