La economía estadounidense se encuentra inmersa en una creciente incertidumbre institucional, tras el fallo del Tribunal de Comercio Internacional que bloqueó una parte significativa del esquema arancelario impulsado por el poder ejecutivo. La sentencia, que limita el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer tarifas sin la aprobación del Congreso, reabre el debate sobre el equilibrio de poderes en materia de política comercial. Aunque la Casa Blanca ha presentado una apelación inmediata, la decisión marca un punto de inflexión e introduce un nuevo nivel de inseguridad jurídica que condiciona tanto la toma de decisiones empresariales como la estabilidad regulatoria.
Para las compañías estadounidenses, esta ambigüedad legal se traduce en una disyuntiva operativa. Mientras algunas se anticipan a eventuales nuevos gravámenes acumulando inventarios mediante importaciones, otras reducen inversión o retiran sus previsiones anuales. La consecuencia es una dinámica económica distorsionada, con un comercio exterior desequilibrado y una demanda interna errática. Este entorno ha impactado de forma directa en el crecimiento. El PIB del primer trimestre se contrajo un 0,2%, una décima menos que lo publicado inicialmente, afectado principalmente por un repunte del 42,6% en las importaciones, que amplió el déficit comercial. A ello se suma una caída del 11,3% en los beneficios empresariales y una moderación del consumo privado. Los mercados laborales también comienzan a mostrar signos de tensión, con un aumento sostenido en las solicitudes de desempleo. En este contexto -con la inflación por encima del objetivo, presión política para reducir los tipos y señales de enfriamiento en la economía real-, la Reserva Federal avanza en la revisión de su marco estratégico.
Si (
No(
