La Comunidad de Madrid presentará en próximas fechas un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Vivienda aprobada por el Ejecutivo central y que entró en vigor el pasado mes de mayo. Así lo ha anunciado este mismo miércoles el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo Domínguez.
La decisión ha sido tomada esta misma mañana en la reunión semanal del Consejo de Gobierno regional al considerar que hasta ocho artículos de la normativa estatal invaden competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía.
Se trata, en suma, de 11 apartados, además de una de las disposiciones finales, en los que el equipo de Isabel Díaz Ayuso percibe que el Estado se "extralimita a todos los efectos" pues “la vivienda es una competencia exclusiva de la Comunidad”.
"El Gobierno central se extralimita"
En concreto, Rodrigo Domínguez ha hecho alusión a la “excesiva regulación por parte del Estado”, lo que desemboca en discrepancias relativas al "derecho a la vivienda" la “protección pública” y la “definición de las zonas de mercado residencial tensionado”.
Los servicios jurídicos del Ejecutivo madrileño disponen de un margen de seis días -hasta el próximo día 25- para la presentación del anunciado recurso ante el Tribunal Constitucional. No obstante, la intención del consejero del ramo es formalizarlo “cuanto antes”.
La de Vivienda es una de las leyes que fueron señaladas por el candidato a la presidencia por el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para revisar por haber contado con el apoyo de Esquerra Republicana Per Catalunya (ERC) y EH Bildu.
Por su parte, la máxima mandataria regional, Isabel Díaz Ayuso, había trasladado también, ya en el mes de abril, su firme intención de combatir por la vía del recurso de inscontitucionalidad una ley que no dudaba en tildar de “invasiva”.
El objetivo, más allá del ruido mediático despertado, pasa por tumbar el texto en caso de que Pedro Sánchez revalide su liderazgo al frente de La Moncloa el próximo domingo, lo que garantizaría de facto que la normativa siguiese en vigor durante, al menos, los próximos 4 años.
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