Finalmente Bruselas se sale con la suya y pese a la oposición de importantes países como Alemania o España, entre otros, ha aprobado la taxonomía de "verde" para las energías nuclear y gasística.
La Comisión Europea (CE) ha emitido un "acto delegado" en el que tilda como inversiones 'verdes' el gas natural y la energía nuclear al considerar que la inversión privada en esas áreas es fundamental para avanzar en la transición hacia las energías limpias.
El objetivo de los 27 es que en el año 2050 la UE sea climáticamente neutra, un ambicioso proyecto que pasa por dar más valor a las energías limpias y renovables, pero para ello, la Comisión ha considerado que es necesaria una transición en la que la energía nuclear y el gas natural son relevantes.
En el borrador inicial de esta propuesta, tanto expertos en la materia como diversos países de la Unión, entre los que se encuentra España, mostraron su rechazo a tal clasificación, pero finalmente la CE lo ha sacado adelante.
No son energías neutras, pero sí necesarias para Bruselas
La CE admite que tanto el gas como la energía nuclear no son energías neutras para el medio ambiente y que no es el objetivo final, pero ha insistido en que son necesarias para avanzar hacia la meta final.
"El objetivo es acelerar la transición, recurriendo a todas las soluciones posibles que nos ayuden a alcanzar nuestros objetivos climáticos", ha resaltado la CE en su escrito.
Justifican la medida recalcando que "la inversión privada en las actividades gasísticas y nucleares puede desempeñar un papel en la transición. Las actividades de gas y nucleares seleccionadas están en consonancia con los objetivos climáticos y medioambientales de la UE y nos permitirán acelerar el cambio de las actividades más contaminantes, como la generación de carbón, hacia un futuro neutro desde el punto de vista climático, basado principalmente en las fuentes de energía renovables".
Según Bruselas, el acto delegado adoptado incluye "estrictas condiciones" para las energías contempladas y una batería de sanciones para las organizaciones que no cumplan lo estipulado. La nueva normativa entrará en vigor dentro de 4 o 6 meses salvo que una mayoría lo impida en el Parlamento.
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