El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado luz verde ayer lunes a la Administración del presidente Donald Trump para reanudar las deportaciones de migrantes hacia terceros países, como Sudán del Sur y El Salvador.
Este fallo representa una victoria para la Casa Blanca y su estrategia de implementar deportaciones masivas como parte de su agenda migratoria.
La resolución del alto tribunal anula una orden emitida previamente por un juez federal que había bloqueado la expulsión de 8 migrantes hacia Sudán del Sur.
Entre los afectados se encuentran 2 cubanos y un mexicano, quienes permanecían en una base aérea de Yibuti debido a la suspensión temporal de su deportación.
El Gobierno defiende su autoridad legal
Tras el dictamen del Supremo, la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, declaró que el Gobierno de Trump "ahora puede ejercer su autoridad legal" para deportar a migrantes indocumentados hacia países dispuestos a aceptarlos. "¡Que se pongan en marcha los aviones de deportación!", añadió la funcionaria, celebrando la decisión con una votación de 6 a 3 en el tribunal, donde solo las tres magistradas progresistas votaron en contra.
El juez Brian Murphy, de Massachusetts, había ordenado previamente detener estas deportaciones al considerar que la Administración violaba normas legales al enviar a los migrantes a países donde podrían enfrentar torturas sin acceso a una defensa adecuada. Sin embargo, el Supremo revocó esta decisión mediante una breve orden no firmada, permitiendo que las expulsiones continúen.
Controversias y riesgos
Según el Gobierno, los 8 migrantes deportados cometieron crímenes "monstruosos" y sus países de origen se negaron a readmitirlos. De este grupo, uno es sudanés del sur, mientras que los demás provienen de Cuba, México, Laos, Birmania y Vietnam. No obstante, organizaciones defensoras de derechos humanos han criticado estas acciones, argumentando que Sudán del Sur no es un destino seguro debido a su conflicto armado interno.
El Departamento de Estado ha clasificado a Sudán del Sur como un país peligroso, desaconsejando viajes a la región y retirando a su personal no esencial en mayo pasado. Además, durante su estancia en Yibuti, tanto los migrantes como los agentes estadounidenses enfrentaban riesgos significativos, incluyendo amenazas de ataques desde Yemen y condiciones de vida "deplorables", según afirmaron abogados del Gobierno.
De cualquier modo, este caso refleja otro episodio de tensión entre el poder judicial y la Administración republicana, que ha intensificado sus esfuerzos para cumplir la promesa electoral de Trump de realizar "deportaciones masivas". Para agilizar este proceso, Washington está negociando acuerdos con otros países para que acepten a migrantes expulsados de Estados Unidos.
La legislación estadounidense establece que no se pueden deportar a personas hacia países donde puedan ser torturadas o enfrentar graves peligros.
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