El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado ilegal la reforma judicial del 2019 en Polonia que dio lugar a una Sala Disciplinaria para los magistrados del Tribunal Supremo polaco y que, aunque desde entonces ha sido modificada, sigue preocupando en Bruselas por los riesgos para la independencia de la judicatura.
"La mera perspectiva de que los jueces que tienen competencia para aplicar el Derecho de la Unión corran el riesgo de que dicho órgano pueda pronunciarse sobre cuestiones relativas a su estatuto y al ejercicio de sus funciones (...) puede afectar a su independencia", ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en un comunicado.
Además, Varsovia acumula 555,5 millones de euros en multas por no aplicar cautelarmente una paralización de la actividad de esta sala del Tribunal Supremo, que inicialmente permitía que los jueces estuviesen sujetos a investigaciones disciplinarias, procedimientos y sanciones en función del contenido de sus decisiones judiciales, incluido el ejercicio de su derecho a plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El máximo tribunal de la UE tumba así esta controvertida reforma judicial y pone en el punto de mira al partido Ley y Justicia (PiS) por no respetar la legislación europea. Consideran que publicar la pertenencia de los jueces a fundaciones o partidos políticos viola su derecho a la intimidad y podría usarse para influir en ellos. Asimismo, entienden que la norma socava el Estado de Derecho.
La Cámara Disciplinaria del Tribunal Supremo polaco fue creada en 2017 para sancionar y en algunos casos suspender a cualquier juez del país según sus criterios.
Polémica con los fondos europeos
Esta reforma judicial dificultó la llegada de los fondos europeos de recuperación de la UE tras la pandemia. En un primer momento, la Comisión Europea aseguró que no haría ninguna aportación económica a Polonia en el marco del estímulo para la recuperación económica por la pandemia hasta que Varsovia desmantelara su polémico régimen judicial para restablecer la independencia de los tribunales.
Tras meses de negociación, la Comisión aceptó desbloquear los fondos y se estableció que Varsovia podría recibir 35.400 millones de euros si implementaba las reformas e inversiones previstas.
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