El Parlamento húngaro ha ratificado este martes una modificación legislativa a la ley de reunión, cuya finalidad oficial declara ser la protección de los menores. Sin embargo, esta medida tiene como efecto directo impedir la celebración del desfile del Orgullo LGTBI en el país.
La nueva disposición establece que queda prohibido "promover o exhibir públicamente el cambio de sexo desde el nacimiento o la homosexualidad". Este texto fue impulsado por Fidesz, partido liderado por Viktor Orbán, y contó con el respaldo de los representantes de la extrema derecha. El argumento principal recoge la necesidad de evitar cualquier contenido que pueda influir negativamente en el desarrollo físico, mental y moral de los niños.
El proyecto legislativo obtuvo un total de 136 votos favorables, frente a 27 en contra y 36 abstenciones. Durante la sesión parlamentaria, los miembros del partido liberal Movimiento Momentum expresaron su disconformidad mediante actos simbólicos, como el uso de bengalas con los colores del arcoíris y la exhibición de imágenes satíricas donde aparecían Orbán y el ruso Vladimir Putin besándose.
Por otro lado, un grupo de manifestantes se congregó frente al edificio del Parlamento antes de iniciar una marcha hacia el Puente Margarita. Allí, miles de personas reivindicaron su derecho a la protesta pacífica bajo consignas como "reunirse es un derecho fundamental", enfrentándose a un cordón policial.
Restricciones legales y tecnológicas
Fidesz justifica esta reforma en el marco de la denominada "ley de defensa de menores", promulgada en 2021, que vincula la homosexualidad con actos pedófilos, lo que ha sido calificado de homófobo por diversas ONG internacionales y criticado por la Unión Europea.
Esta normativa también incluye restricciones sobre la difusión de temas relacionados con la identidad sexual en publicaciones dirigidas a menores, obligando incluso a las librerías a vender libros que abordan estos asuntos en sobres cerrados dentro de la sección juvenil.
La enmienda recientemente aprobada considera tanto la organización como la participación en eventos LGTBI como infracciones administrativas. Para identificar a los involucrados, las autoridades podrán recurrir a tecnología de reconocimiento facial. Las multas previstas oscilan entre 6.500 y 200.000 florines (de 16 a 500 euros).
Los organizadores del Orgullo (Pride) de Budapest han denunciado que el Gobierno utiliza a la comunidad LGTBQI+ como un chivo expiatorio político. En un comunicado oficial, afirmaron: "Esto no es protección infantil, esto es fascismo". Su postura refleja el malestar generalizado ante esta nueva limitación.
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