El calentamiento global aumenta a un ritmo tan acelerado que, a menos que se reduzcan drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, será prácticamente imposible cumplir con el objetivo del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura a 1,5ºC o incluso a 2ºC. Así lo reveló el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) publicado el pasado mes de agosto, ampliamente debatido durante la reciente Cumbre Mundial del Clima (COP 26) celebrada en Glasgow, que además señala la acción humana como principal causante del cambio climático.
La lucha contra el cambio climático no solo concierne a los Estados: es una responsabilidad compartida que incluye a todos los niveles de la Administración. En España, las comunidades autónomas juegan un papel determinante para alcanzar los objetivos previstos en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y lograr la neutralidad climática antes de 2050. De acuerdo con esta Ley, a partir del próximo 31 de diciembre, las comunidades autónomas deberán informar a la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático de sus planes de energía y clima en vigor.
En este contexto, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha elaborado el informe ‘El rol de las comunidades autónomas en la lucha contra el cambio climático: planes autonómicos de energía y clima’ en el que se analizan los avances de las comunidades autónomas en la lucha contra el cambio climático. En particular, el informe examina el régimen constitucional de distribución de competencias en materia de cambio climático y transición energética, analiza el estado actual y el contenido de los planes autonómicos de energía y clima, así como el marco institucional y los mecanismos existentes para realizar, a nivel autonómico, el seguimiento y evaluación de la implementación de los planes y/o estrategias de energía y clima.
Tal y como señala Ana Barreira, directora del IIDMA y coautora del informe, “las negociaciones internacionales en materia climática, donde participan los Estados, son esenciales para establecer la senda de la acción, pero la acción climática debe producirse no solo a nivel nacional sino también subnacional. Por eso, en nuestro país las comunidades autónomas desempeñan un papel esencial para aplicar los compromisos internacionales y, por ello, los planes autonómicos de energía y clima son un elemento clave para contribuir al logro de un clima estable”.
En octubre de 2021, a excepción de Asturias, Castilla La Mancha, Castilla y León y La Rioja, la mayoría de las comunidades autónomas ya habían comenzado a elaborar o adoptado sus respectivos planes de energía y clima para el horizonte 2030 o, en algunos casos, para 2050. No obstante, existen diferencias significativas en la forma en que las regiones están diseñando su planificación y en los compromisos climáticos asumidos. Según el informe elaborado por el IIDMA, el desarrollo de estos planes autonómicos es fundamental para alcanzar los objetivos establecidos en la citada Ley estatal y en el Acuerdo de París, pero las comunidades autónomas deben tener en cuenta las reglas de distribución de competencias establecidas en la Constitución, asegurando que sus actuaciones no invadan otros ámbitos de competencia estatal o local.
La Sentencia 87/2019, de 20 de junio, del Tribunal Constitucional, por la que se declaró la inconstitucionalidad de ciertos preceptos de la Ley Catalana de Cambio Climático, ha declarado que las comunidades autónomas no pueden establecer objetivos concretos, esto es, cuantitativos, mensurables y a término, de reducción de emisiones y de transición energética (energías renovables y eficiencia energética), por vulnerar la legislación básica del Estado y el ámbito competencial estatal.
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