Gobierno de Merkel, dividido por nuevo plan de estímulo

Los partidos que forman el Gobierno de la canciller alemana, Ángela Merkel, chocaron el domingo por las nuevas medidas para proteger a la mayor economía de Europa de lo que podría ser la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial.

Antes de una reunión entre líderes de la coalición el lunes para acordar el esquema de un segundo paquete de estímulo, se hicieron evidentes profundas divisiones en cuanto a la aplicación de recortes de impuestos a corto plazo, con el fin de impulsar el crecimiento, un paso que Merkel inicialmente había rechazado.

Su Gobierno fue uno de los primeros en Europa en implementar medidas para proteger a la economía de la profunda desaceleración, pero el paquete que acordó en noviembre y asegura vale 31.000 millones de euros (43.040 millones de dólares) fue calificado como demasiado modesto.

Cediendo ante la presión de aliados conservadores a nivel doméstico y de socios europeos fuera del país, Merkel ahora ha reconocido la necesidad de un nuevo paquete, pero enfrenta el complejo desafío de unificar a su "gran coalición" de izquierda y derecha en torno a un enfoque en común.

Sus aliados conservadores, la Unión Social Cristiana (CSU, por su sigla en inglés), dijo que rechazaría cualquier paquete que excluyera los recortes de impuestos.

"La posición de la CSU es que no podemos imaginar un paquete de crecimiento que no incluya un alivio impositivo", dijo Horst Seehofer, jefe del partido de Bavaria, al diario Sueddeutsche Zeitung.

Sin embargo, la Social Democracia (SPD) de centro izquierda ha prometido no aceptar ningún recorte de impuestos y, en cambio, quiere medidas que reduzcan los montos que pagan todos los meses los trabajadores alemanes por sus pensiones, seguro de salud y desempleo.

Merkel, líder de la Democracia Cristiana alemana (CDU), tenía la esperanza de competir por la reelección con la promesa de recortar impuestos en los próximos comicios federales.

Pero ahora parece dispuesta a aceptar la medida antes de esa fecha, con el fin de apaciguar a sus aliados de la CSU y evitar dar la impresión de que está politizando la respuesta a la crisis económica.

Fuentes del Gobierno dijeron a Reuters que el segundo paquete, que se prevé incluirá gasto publico en escuelas e infraestructura, costara un total de 25.000 millones de euros.