La huelga general contra la conocida popularmente como
'ley Wert' no ha frenado su aprobación este viernes en Consejo de Ministros: es
que simplemente no estaba en la agenda del Consejo porque el proyecto tiene aún
unas 'observaciones' en su memoria económica que hay que resolver. Pero el
proyecto será aprobado en una o dos semanas. Así lo ha confirmado la
vicepresidenta Sáenz de Santamaría tras la reunión del Ejecutivo.
Para los convocantes de la
huelga general en la
enseñanza realizada este pasado jueves, la misma fue un 'exitazo', tanto que
ofrecen la lectura de que el Gobierno se ha visto obligado este viernes a
paralizar su aprobación, cuando supuestamente iba a ir al Consejo de Ministros.
Pero la vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, que acudió a
la rueda de prensa habitual de los viernes bien 'adoctrinada' al respecto,
afirmó desde su púlpito monclovita que la conocida como 'ley Wert' ni siquiera
figuraba en el orden del día del Consejo.
La vicepresidenta explicó al respecto que la ley de
educación tenía "observaciones" pendientes y que por esa razón no
pasó el filtro de la comisión de subsecretarios, que ella misma preside, porque
"no elevamos al Consejo de Ministros ninguna ley que tenga observaciones sin
resolver". Ahora bien, para que no quede duda de ningún tipo, Sáenz de
Santamaría afirmó de forma rotunda que esa ley "será aprobada este mes de mayo
igual que la ley de emprendedores; seguramente, la semana que viene".
A partir de ahí, la vicepresidenta realizó una
defensa a ultranza de la reforma de la ley, asegurando que ella no ha escuchado
"ningún argumento que justifique mantener un sistema educativo que no
funciona". Reconoció, eso sí, que el reciente dictamen del Consejo de
Estado puso en duda numerosos puntos de la ley, sobre la existencia de una
asignatura alternativa a la de Religión, sobre el reparto de competencias entre
Gobierno y comunidades a la hora de confeccionar los contenidos escolares o la
obligación de que en Cataluña si ofrezcan en la escuela clases en castellano a
quienes lo pidan, si es necesario, pagando un colegio privado.
Precisamente, en se último punto se detuvo la
vicepresidenta para asegurar que con esta ley el Gobierno va a asegurar el
derecho de los padres a que puedan elegir la lengua en la que sus hijos
recibirán sus primeras enseñanzas, como ha sentenciado el Tribunal
Constitucional y se ha saltado olímpicamente la Generalitat de Cataluña: "Queremos
trabajar dentro de lo que ha dicho el Tribunal Constitucional: un sistema que
garantice la libertad para elegir porque de lo que se trata es que la lengua
sea un instrumento al servicio de las personas", dijo, por fin, Sáenz de
Santamaría.
Todo eso está contenido en el proyecto que maneja
educación, reconoció la vicepresidenta, pero el problema está en la falta de
consistencia de la memoria económica de la ley, tal y como dictaminó el Consejo
de Estado. Ése es el punto en el que está encallada, y no otro: el de la
financiación, pero que según Sáenz de Santamaría será resuelto en una o dos
semanas, así que la lectura que hacen los huelguistas sobre que 'han obligado
al Gobierno a no aprobar la Lomce este viernes' se cae por su propio peso,
según la versión del Ejecutivo.
Porque, en definitiva, para Sáenz de Santamaría es
"imprescindible" y "urgente" que se apruebe la LOMCE cuanto antes por el
"fracaso del sistema vigente". Puso como ejemplos, el altísimo grado de fracaso
escolar, la tasa de abandono temprano y la de paro entre los jóvenes.