El Parlamento británico ha dado luz verde ayer martes a una reforma del Proyecto de Ley sobre Delincuencia y Policía, con la que se elimina la posibilidad de imponer penas de prisión a las mujeres que interrumpan su embarazo en Inglaterra y Gales.
Esta medida marca un cambio significativo respecto a la normativa vigente, que data de 1861 y penalizaba el aborto más allá de ciertos límites legales.
La enmienda fue sometida a debate y votación en la Cámara de los Comunes, donde recibió el respaldo de 379 diputados frente a 137 votos en contra. Al tratarse de una cuestión ética y de conciencia, los parlamentarios tuvieron libertad para decidir según sus creencias personales, sin estar obligados a alinearse con la postura oficial de sus partidos políticos.
Pese al bulo generalizado sobre que se ha despenalizado el aborto incluso hasta el día previo al parto, la realidad es que el texto legal permite sólo la interrupción del embarazo hasta la semana 24. Después, sólo se permitirá por cuestiones médicas y condicionantes autorizados: riesgo para la vida de la madre y malformaciones o enfermedades graves del feto.
Posturas divididas entre los conservadores
La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, votó en contra de la propuesta, acompañada por otros miembros de su formación. Estos argumentaron que los abortos realizados en etapas avanzadas del embarazo pueden acarrear complicaciones médicas graves para las mujeres que optan por esta decisión. Sin embargo, la enmienda finalmente prosperó gracias al amplio apoyo de otras fuerzas políticas.
Presentada por la laborista Tonia Antoniazzi, la propuesta busca evitar que las mujeres sean investigadas, arrestadas o encarceladas por interrumpir sus embarazos fuera del marco legal actual. No obstante, no introduce modificaciones en aspectos como el acceso a servicios de aborto, el límite temporal establecido, el uso de telemedicina, los motivos permitidos para realizarlo ni el requisito de contar con la autorización de 2 médicos.
Críticas desde sectores conservadores
Durante el debate, Antoniazzi destacó que casi el 99% de los abortos se realizan antes de las 20 semanas, dejando al 1% restante en "circunstancias desesperadas". Criticó duramente los casos de criminalización registrados entre 1861 y 2022, calificándolos de "farsa", y subrayó que estas mujeres "necesitan atención y apoyo, no ser tratadas como criminales". También describió la legislación victoriana como "obsoleta", señalando que fue diseñada por un Parlamento compuesto exclusivamente por hombres y que hoy afecta principalmente a mujeres y niñas "vulnerables".
Por otro lado, organizaciones como la Sociedad para la Protección de los Niños No Nacidos han rechazado la reforma, considerándola "extrema y peligrosa" por entender que "despenaliza efectivamente los abortos". Estas críticas reflejan la división existente en torno a este tema.
Datos oficiales y marco legal actual
Según cifras oficiales, durante 2022 se practicaron más de 250.000 abortos en Inglaterra y Gales. La legislación vigente permite este procedimiento hasta las 24 semanas de gestación, siempre que cuente con la aprobación de 2 médicos.
Sin embargo, la ley victoriana de 1861 sigue siendo la base jurídica que tipifica como delito penal cualquier aborto realizado fuera de estas condiciones, con penas que pueden alcanzar incluso la cadena perpetua, salvo en situaciones excepcionales donde la vida de la madre esté en peligro.
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