La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido al Gobierno central la inmediata incorporación de 142 nuevos jueces en Madrid.
La mandataria ha advertido que esta necesidad "no puede ser excusa para politizar el acceso por oposiciones a la carrera judicial". Las declaraciones se produjeron durante la inauguración del Palacio de Justicia de Torrejón de Ardoz.
Ayuso señaló que la Comunidad de Madrid padece una "preocupante escasez de jueces y magistrados", una consecuencia directa de la "limitada convocatoria de plazas por parte del Ministerio de Justicia en estos años". El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha reclamado la incorporación urgente de 142 nuevos jueces para la región.
En la actualidad, Madrid tiene 10,4 jueces por cada 100.000 habitantes, una cifra que la sitúa en el puesto 13 de entre las comunidades autónomas. A pesar de esto, la presidenta destacó que el Gobierno regional ha ejercido con eficacia sus competencias en materia de personal de Justicia, logrando que Madrid sea la región con el mayor número de funcionarios por juez, con una ratio de 8,5, frente a los 7,7 de las siguientes autonomías.
Críticas a la Ley de Enjuiciamiento Criminal
La presidenta regional también censuró la propuesta de que los fiscales asuman la instrucción de los casos, calificándola como "el intento definitivo de controlar la acción penal".
Ayuso argumentó que la Fiscalía está sujeta a jerarquía y su cúpula es elegida por el Gobierno, mientras que los jueces son independientes e inamovibles. La presidenta consideró que si antes existían dudas sobre la conveniencia de esta reforma, ahora "baste recordarle la imagen de nuestro fiscal general del Estado, procesado y que ni se plantea dimitir". Ayuso añadió que el fiscal general "está redoblando estos días sus esfuerzos para controlar la carrera fiscal".
La presidenta afirmó que "es un atentado contra el Estado de Derecho que quienes han cometido graves delitos estén redactando las leyes y demoliendo las instituciones". La presidenta denunció que la aprobación del proyecto de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal por el Gobierno de Sánchez es "un giro de tuerca más en esa obsesión por ir minando la independencia judicial, por asaltar la justicia".
Ayuso concluyó que la propuesta es "un asalto" y un "enorme peligro para todos". Y añadió: "Porque quienes han cometido esos graves delitos están redactando las leyes, culminando los planes, ponen a Bildu al mando demoliendo las instituciones, como estamos viendo ahora con la Corona. Este golpe a manos de la Fiscalía se suma a la mayor ofensiva a la independencia judicial y fiscal en décadas, que supone de facto la deriva bolivariana de nuestra justicia".
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