El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha dictaminado la libertad con medidas cautelares para los 3 detenidos en el marco del 'caso Koldo', después de tomarles declaración este sábado.
Los investigados puestos en libertad son la ex militante socialista Leire Díez, el ex presidente de la SEPI Vicente Fernández, y el empresario Antxon Alonso, a quien los investigadores consideran socio del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en la empresa Servinabar.
El magistrado Piña accedió a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, la única parte acusadora en el caso, decretando la retirada de pasaporte a los 3 implicados y la comparecencia ante la Audiencia Nacional los días 1 y 15 de cada mes. El auto no ha sido facilitado, ya que la causa se mantiene bajo secreto de sumario.
Declaraciones y cargos imputados
Los 3 investigados abandonaron el juzgado alrededor de las 13:45, tras comparecer durante aproximadamente una hora y media. Según RTVE, Leire Díez y el socio de Cerdán optaron por acogerse a su derecho a no declarar. Por el contrario, el ex presidente de la SEPI sí declaró, negando cualquier implicación en las presuntas irregularidades en los contratos. Paralelamente, se espera que se lleven a cabo más diligencias de investigación.
Los arrestados fueron puestos a disposición de la Audiencia Nacional después de agotar el plazo máximo de tres días de detención, periodo que pasaron en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid).
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevó a cabo las detenciones el pasado miércoles por supuestas irregularidades en contratos públicos. La operación está coordinada con la Fiscalía Anticorrupción y dirigida por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es precisamente el juez Piña. Los delitos que se investigan en esta causa son prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
Leire Díez, ya imputada en otra causa
Además de esta operación, se da la circunstancia de que Leire Díez ya estaba imputada en otra causa por cohecho y tráfico de influencias. Esta imputación anterior se originó a raíz de unos audios conocidos en mayo pasado, que apuntaban a presuntas maniobras contra la UCO de la Guardia Civil, que investigaba casos de corrupción que afectan al PSOE y al entorno personal del presidente Pedro Sánchez. Sin embargo, en aquella ocasión no fue detenida.
En paralelo a las detenciones, la UCO ha ejecutado desde el miércoles una veintena de entradas y registros y requerimientos de documentación. Estas diligencias se han centrado en domicilios, organismos y empresas que estarían relacionadas con los contratos bajo sospecha en varias provincias españolas, incluyendo Navarra, Sevilla, Zaragoza y Madrid.
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