Hace unos meses, el fondo de inversión Vauras denunció a la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau y a otros 2 concejales por "presionarles" para ofrecer viviendas de alquiler social.
El fondo señaló en la querella que también les amenazaron con no concederles licencia de obras.
Colau y los otros 2 implicados, Marc Serra y Lucía Martín, fueron citados como investigados en el juicio que se celebró justo antes de las elecciones autonómicas del 28 de mayo. Todos negaron las acusaciones.
Ahora la jueza del juzgado de instrucción encargado del caso ha archivado el caso, siguiendo también el criterio de la Fiscalía.
La magistrada ha descartado que la ex alcaldesa no intervino en ninguna de las reuniones en las que el fondo inversor dijo haber sido coaccionado y que la inmobiliaria nunca fue objeto de amenazas.
Reprimenda de la jueza al fondo
Tras concluir la investigación, la jueza ha determinado que Colau no es culpable de ninguno de los delitos que le atribuyó la inmobiliaria. Ni ella ni sus concejales.
Vauras les demandó no sólo por amenazas y presiones, sino también por extorsión, cohecho y prevaricación.
Pero para la magistrada ha quedado acreditado que no incurrieron en ningún delito y en el fallo ha afeado al grupo inversor que denunciase a la ex regidora de Barcelona por "fines ajenos al procedimiento penal".
Para la jueza la denuncia buscaba un "efecto mediático" al implicar a un partido político pese a saber de antemano que los hechos denunciados no habían existido.
En el texto ha considerado que las acciones legales emprendidas por Vauras fueron "simplemente porque no le eran favorables las políticas de vivienda que propició durante su mandato, corregidas en cierto modo por el Tribunal Constitucional".
"Pero ese legítimo discrepar con las políticas de vivienda de un gobernante y el ideario del partido que le sostiene y los perjuicios económicos sufridos no justifican la implicación en un proceso penal a políticos, por el mero hecho de estar al frente del Ayuntamiento de Barcelona", ha remarcado.
Para la magistrada no ha habido resoluciones "injustas" ni "presiones" por parte de Colau.
Cabe recordar que ya en 2020 esta causa fue archivada, pero la Audiencia de Barcelona obligó a reabrirla.
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