La Audiencia Nacional ha ordenado a Patrimonio Nacional paralizar las exhumaciones que están teniendo lugar en el Valle de Cuelgamuros, atendiendo así la medida cautelarísima solicitada por la nieta de una mujer enterrada allí.
Así consta en un auto, al que ha tenido acceso 'RTVE', en el que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 11 acepta la medida solicitada por una de las 200 mujeres enterradas en la basílica, representada por la asociación Abogados Cristianos, que alegó que los trabajos de exhumación que se llevan a cabo vulneran el derecho fundamental a la libertad religiosa, ya que se remueven cadáveres sin autorización de sus familiares.
Argumentó, además, que la legislación considera que la libertad religiosa supone "un ámbito de libertad y una esfera de agere licere con plena inmunidad de coacción del Estado o de cualesquiera grupos sociales".
El juez señala, asimismo, que los demandantes sostienen que se impugna una actuación que se dice realizada "por vía de hecho", situación regulada por el artículo 136 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contecioso-Administrativa.
"No se aprecia que no acaezca la situación denunciada como actuación en vía de hecho", advierte el magistrado, que acepta la medida cautelarísima "consistente en suspender por parte de Patrimonio Nacional la ejecución de las inhumaciones" al objeto de "tomar conocimiento de un modo más profundo de la situación".
El Gobierno considera que no concurren los requisitos
En este contexto, el magistrado da 3 días a Patrimonio para que haga alegaciones, después de lo cual se dictará auto sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida adoptada, que será recurrible conforme a las reglas generales, según el auto difundido por Abogados Cristianos.
Desde el Ministerio de Política Territorial ya han avanzado que formularán las alegaciones pertinentes, puesto que consideran que en este caso no concurren los requisitos para suspender la ejecución de las exhumaciones.
En consecuencia, el Departamento dirigido por Ángel Víctor Torres va a solicitar el levantamiento de la medida adoptada. De esta manera, el Gobierno "reafirma su compromiso con la localización y recuperación de los restos de las víctimas, tal y como desean sus familiares".
Abogados Cristianos: "No han solicitado consentimiento a las familias"
En un comunicado, Abogados Cristianos ha considerado que los trabajos de exhumación autorizados por el Ministerio de Presidencia suponen "una vulneración del derecho fundamental a la libertad religiosa" y recuerda que ese derecho constitucional "ampara el derecho a una digna sepultura".
Así, asegura que "la mera necesidad de tener que realizar las pruebas de ADN a los cadáveres (lo que implica cierto grado de profanación), se está incurriendo en una vulneración de un ejercicio de la libertad religiosa" y denuncia que "para realizar estas pruebas no han solicitado consentimiento a los familiares".
"Esto es otro ataque del Gobierno de Pedro Sánchez al Valle de los Caídos. Lo único que busca con estos trabajos es dañar la Basílica. No descansaremos hasta que se respete nuestra libertad religiosa y la Cruz más grande del mundo", denuncia la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos.
Un periplo judicial que arrancó en 2016
Esta decisión se convierte en el último escollo en un periplo judicial que comenzó en 2016, cuando una sentencia reconoció a los familiares de Manuel y Antonio Ramiro Lapeña, fusilados en 1936 y enterrados en el Valle en 1959, el derecho a exhumar sus cuerpos. No fue, sin embargo, hasta 2020 cuando Patrimonio Nacional reconoció el derecho a exhumación a aquellos que puedan acreditar que sus familiares están enterrados allí.
El pasado mes de junio, el Gobierno dio comienzo a los trabajos para exhumar a las víctimas de la Guerra Civil y, un mes más tarde, los técnicos lograron identificar los primeros restos antropológicos de 12 personas, 4 de ellas con identidades concretas: Valerico Canales, Emilio Caro, Flora Labajos y Román González.
A ellos se suma también José Antonio Primo de Rivera, cuyos restos mortales salieron en abril del Valle tras 64 años enterrados junto al altar mayor de la basílica.
No obstante, desde que se tomara la decisión de proceder a las exhumaciones, varias asociaciones han recurrido a la Justicia para intentar frenarlas.
El proceso fue paralizado en 2021 por primera vez al considerar que podría producir daños irreparables en la iglesia, tal y como indicaba en un recurso la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.
El 13 de marzo de 2023, el Tribunal Supremo dio luz verde a las exhumaciones al rechazar otro recurso presentado por la Fundación Francisco Franco.
Posteriormente, el 29 de septiembre, un juzgado de Madrid anuló el acuerdo del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) por el que se había concedido una licencia urbanística para las obras necesarias.
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