La Comisión Europea ha dado un serio toque de atención a España por los recientes casos de corrupción y ha solicitado al Gobierno que impulse un plan nacional para agilizar las medidas contra esta materia. En su informe anual sobre la salud democrática de los Estados miembros, Bruselas ha querido hacerse eco de todo el ruido que rodea al caso Koldo y de la imputación del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, entre otros.
De esta manera se ha pronunciado la Unión Europea en una evaluación sobre España que admite avances en medidas de prevención, pero advierte del "alto riesgo de corrupción" en la contratación pública y en la financiación de partidos. "La financiación de los partidos políticos persiste como área de alto riesgo y no se han dado pasos para reformar la legislación electoral en línea con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas", ha especificado el informe anual sobre el Estado de derecho publicado por el Ejecutivo comunitario.
En las 20 páginas que se dedican a nuestro país, Bruselas no ha visto riesgos sistémicos para el Estado de derecho, pero alerta de que continúan pendientes medidas de calado en ámbitos como el judicial, la lucha contra la corrupción, la transparencia o medios de comunicación. Entre estas tareas pendientes sobre las que habla el informa, ha puesto el foco sobre la reforma del sistema de elección de los vocales del turno judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que Bruselas demanda desde hace años como una continuación de la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
Desde el Partido Popular ya se han hecho eco de la noticia con Borja Sémper utilizando su cuenta en X para señalar que "todo esto pasará y revertiremos el daño causado".
Señala que el trabajo está "aún por empezar"
El capítulo del informe que es acerca de la lucha contra la corrupción, recuerda que la ley de protección al denunciante de 2023 forzaba al Gobierno a presentar una "amplia estrategia de previsión y lucha contra la corrupción" como muy tarde para septiembre de 2024. Sin embargo, ese trabajo se encuentra "aún por empezar".
El escrito admite que se han dado los "primeros pasos" para reforzar las normas sobre conflicto de intereses de altos cargos, para regular los 'lobbies' y para aumentar la independencia y poder de la Oficina de Conflictos de Interés. Aun así, indica también que no ha habido ningún avance para mejorar las reglas sobre conflictos de interés en las distintas administraciones del sector público.
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