La Comisión Europea retomará las reglas fiscales anteriores a la pandemia de COVID-19. La normativa dictaminó que, a partir de 2024, habrá un periodo de transición previo a la aprobación del nuevo marco, con sendas adaptadas a cada Estado miembro, a los que volverá a exigir que el déficit máximo no supere el 3% para 2026.
Cabe recordar que las reglas fiscales se encuentran actualmente suspendidas desde la irrupción de la pandemia, que conllevó un aumento sin precedentes del gasto público por parte de los gobiernos europeos para hacer frente a sus consecuencias.
Para su vuelta, la Comisión ha garantizado que se tendrán en cuenta los datos al cierre del actual ejercicio, mientras que 2024 será el año de transición en el que se irán ajustando las reglas fiscales hasta que se apruebe la nueva normativa fiscal, que Bruselas no prevé aplicar antes de 2026.
"Confirmamos que la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se desactivará a finales de 2023", han señalado el vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis, y el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, en una rueda de prensa conjunta este miércoles.
Según ha explicado Dombrovskis, estas orientaciones para 2024 deben considerarse como un "puente" entre cómo han funcionado las normas en el pasado y cómo pueden funcionar en el futuro, lo que implica que algunos elementos de las orientaciones de reforma de la Comisión podrían incorporarse ya al ciclo de supervisión presupuestaria a partir de la primavera de 2023.
No obstante, dada la "elevada incertidumbre" actual, ambos han asegurado que la Comisión no pretende someter a los Estados miembro al procedimiento de déficit excesivo (PDE) esta primavera, sino que, en su lugar, Bruselas propondrá al Consejo incoar PDE en la primavera de 2024 sobre la base de los datos de resultados de 2023.
Programas de estabilidad antes de abril
Para garantizar una mayor implicación nacional, Bruselas ha invitado a los Estados miembro a presentar, antes de finales de abril, sus programas de Estabilidad y Convergencia, acorde a los criterios de ajuste fiscal propuestos por la Comisión. Entre ellos, se exigirá que los países respeten el valor de referencia del 3% del PIB para el déficit y garanticen una senda de reducción "creíble y continua" de la deuda, o de mantenimiento de la misma en niveles prudentes a medio plazo.
Además, deberán identificar cómo las reformas e inversiones previstas, incluso dentro de los Planes de Recuperación y Resiliencia, pueden contribuir a la sostenibilidad fiscal y al crecimiento sostenible e integrador.
En lo que respecta a España, de cara a los próximos ejercicios, el Gobierno prevé que en 2023 el déficit público bajará al 3,9%, frente al 4% estimado anteriormente; en 2024 se situará en el 3,3%, frente al 3,2% anterior, y caerá al 2,9% en 2025, por lo que para ese año se espera que España consiga salir del PDE.
En este sentido, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) vió factible que España alcance el 3% de déficit público en 2026 que exigirá Bruselas, aunque ha advertido de que no será fácil bajar de ese umbral y reducir la deuda por debajo del 100% en ausencia de medidas.
"Llevamos tiempo diciendo que nos iba a pillar el toro", ha lamentado su presidenta, Cristina Herrero, en rueda de prensa este miércoles para hacer balance sobre la evaluación de políticas públicas.
Recomendaciones adaptadas a cada país
La revisión de la disciplina fiscal que ya perfiló el Ejecutivo comunitario en noviembre contempla reglas más flexibles y asequibles, tales como una senda de gasto neto a medio plazo que esté sujeta a la deuda específica de cada Estado miembro y que tenga un horizonte de 4 años ampliable hasta un máximo de 7.
"Estas orientaciones reflejan el espíritu de las orientaciones de reforma de la Comisión", ha aseverado Gentiloni, quien ha apuntado que las recomendaciones fiscales específicas por país para 2024, que se presentarán en mayo, contendrán un requisito cuantitativo, así como orientaciones cualitativas sobre inversión y medidas energéticas.
Estas propuestas nacionales se cuantificarán y diferenciarán en función de los retos de deuda pública de cada país y se basarán en los objetivos fiscales establecidos por cada Estado miembro, que serán revisados por Bruselas.
Los requisitos se diferenciarán en función de los retos de sostenibilidad de la deuda de cada país, siguiendo los criterios propuestos en las orientaciones de reforma planteadas por Bruselas en lo que el comisario ha descrito como un "delicado" ejercicio de equilibrio, necesario para avanzar hacia un marco "creíble y sólido".
Todo ello, permitirá a las capitales definir sus políticas fiscales para 2024, que Bruselas quiere que sean "prudentes" en cuanto al gasto corriente, además de proteger la inversión. "Se trata de una fase transitoria y debemos trabajar con celeridad para que el conjunto de normas reformadas se apruebe lo antes posible", ha zanjado Gentiloni.
Si (
No(
