Correos ha asegurado que la presunta 'fontanera' del PSOE Leire Díez, quien ocupó el cargo de directora de Filatelia y Relaciones Institucionales en esta empresa pública, "nunca fue responsable del voto por correo" en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, ni tampoco "en alguna convocatoria electoral".
Así lo ha asegurado en un comunicado en el que ha recordado que el voto por correo es un proceso regulado por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), así como por la Ley Postal, que recogen que todas las tareas y funciones de Correos durante las elecciones corresponde coordinarlas al Consejo de Ministros y a la Presidencia de Correos.
"Desde Correos queremos desmentir tajantemente que dicha persona haya ostentado en algún momento esa responsabilidad", se lee en el escrito.
Correos ha recalcado que la imposición de "las obligaciones que corresponden a Correos" se aprueba mediante acuerdo de Consejo de Ministros, que posteriormente es desarrollado por las instrucciones de la Presidencia de la Sociedad Estatal, actualmente dirigida por Pedro Saura.
Además, ha detallado que "todas estas tareas y funciones" son desempeñadas en el ámbito de la Dirección de Operaciones, "que es a quien corresponde coordinar todos los efectivos y la gestión necesaria" para el correcto funcionamiento del voto por correo durante los comicios.
Leire Díez: "¿Os acordáis del voto por correo?"
Este lunes, el periódico 'El Confidencial' ha publicado que Leire Díez estuvo al frente del voto por correo en las pasadas elecciones generales, tal y como recalcó ella misma en sus redes sociales cuando puso fin a su etapa en Correos.
"¿Os acordáis del voto por correo de las pasadas elecciones generales? Pues ahí estuvimos mano a mano todo este equipazo junto a la inestimable ayuda del resto de compañeros y compañeras de sede central", escribió Leire Díez en marzo de 2024, según un mensaje difundido este lunes por ese medio.
Cabe recordar que aquella campaña de voto por correo fue un caos, con muchos problemas para repartir la documentación y numerosos ciudadanos que se quejaron de no haber podido ejercer su derecho al voto.
Díez ocupó el cargo de directora de Relaciones Institucionales y Filatelia de Correos, pero afirma que durante las pasadas elecciones generales compaginó ese cargo con el de directora de Productos y Servicios de la empresa pública.
Denunciada por 2 asociaciones de la Guardia Civil
La Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASEGSC) ha denunciado a la militante socialista Leire Díez por intentar "socavar la independencia y credibilidad" del Cuerpo al buscar información para tratar de desprestigiar a la UCO, unidad que investiga casos judiciales que afectan a exmiembros del Gobierno y a familiares del presidente.
Dicha denuncia contra Leire Díez, la primera que interponen miembros de la Guardia Civil, ha sido presentada en los Juzgados de Instrucción de Madrid en Plaza de Castilla, por lo que se sumaría a otras denuncias interpuestas la semana pasada contra la militante socialista, a la que el PSOE ha abierto un expediente tras negar cualquier implicación en esos presuntos intentos de desprestigiar al mando de la UCO Antonio Balas.
Entre los denunciados, a los que pide que se les llame a declarar, están también el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo por el encuentro que ellos y Díez mantuvieron por videollamada con el empresario Alejandro Hamlyn, contra el que también se dirige la denuncia.
Según la denuncia, Díez acudió a ese encuentro "en nombre de cargos del PSOE" y propuso a Hamlyn, investigado por un fraude en el IVA de hidrocarburos y pendiente de juicio, "una serie de beneficios" -a través de supuestos acuerdos con fiscales- si le aportaba información comprometedora sobre el teniente coronel Balas.
En los audios de esa reunión, añade la denuncia, se hace también mención "a que se contrata a personal para recabar información de los agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la UCO para usar la misma en beneficio de los investigados, así como de personal que pertenece o habría pertenecido a la Guardia Civil, utilizando el término 'gente infiltrada'".
Piden que se analice el audio de la conversación
La asociación entiende que se trata de "hechos especialmente graves que afectan al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia y a funcionarios públicos cuya labor es la investigación policial de presuntos delitos de corrupción, además de comprometer la actuación del Ministerio Fiscal en beneficio de personas investigadas en otros procesos judiciales".
Además de la declaración de los denunciados, pide también que se encargue al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil un análisis del audio de dicha reunión, publicado en varios medios de comunicación, "para comprobar la integridad del mismo, que no existen cortes o añadidos y, si fuera posible, identificar a las personas que en él participan, con el correspondiente análisis acústico forense para identificar las voces".
Los primeros denunciantes a raíz de conocerse estos audios fueron Vox, el partido Iustitia Europea y Hazte Oír, que ejercen la acusación popular en asuntos que investiga la Unidad Central Operativa (UCO), como son el 'caso Koldo', las causas abiertas a la mujer del presidente del Gobierno y a su hermano o al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz.
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