El juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, encargado de investigar el incendio de las discotecas Fonda Milagros y Teatre en el que fallecieron 13 personas el pasado 1 de octubre, ha anunciado que no investigará al Ayuntamiento de la ciudad, acusado de supuesta prevaricación por omisión. Aunque la magistrada del caso ha considerado que pudo haber "irregularidades administrativas", estas se tienen que resolver fuera de la jurisdicción penal.
La jueza, en su resolución, indica que para que exista un delito de prevaricación es necesario que una autoridad, juez o funcionario dicte una sentencia sabiendo que es injusta. Por lo que, tras analizar los expedientes administrativos y los informes técnicos del Consistorio de Murcia, la instructora ha concluido que "no se pueden extraer unos mínimos indicios de criminalidad en la actuación llevada a cabo por el Ayuntamiento de Murcia para con la situación urbanística en que se encontraban las salas".
Sin embargo, la jueza no descarta que se produjeran posibles irregularidades administrativas que tendrán que ser analizadas en la jurisdicción contencioso-administrativa.
2 familias se querellan contra la Administración
Esta resolución sale un día después de que 2 familias de las 13 afectadas anunciaran que van a presentar una querella criminal contra el actual concejal de Urbanismo, Antonio Navarro (PP), su predecesor, Andrés Guerrero (PSOE) y 3 funcionarios municipales por presuntos delitos de prevaricación por omisión.
El abogado de los familiares, José Manuel Muñoz Ortín, ha confirmado que la demanda sigue adelante, ya que la sentencia dictada este miércoles 6 de marzo responde a un trámite judicial anterior. Muñoz mantiene que el expediente administrativo de las discotecas muestra irregularidades que permitieron el funcionamiento de los establecimientos, a pesar de las órdenes de cierre y de la detección de "bastantes incidencias en materia de seguridad".
Kely Gómez, hermana del fallecido Kevin Gómez, y Jairo Correa, padre de la fallecida Leidy Paola Correa, son las 2 personas que se van a querellar contra el Ayuntamiento. En su querella establecen una diferencia entre la causa del incendio y la causa de la muerte.
Según la investigación, el fuego se inició a causa de una máquina de fuego frío, pero en opinión de su abogado, si las medidas de seguridad hubieran funcionado y desde el Ayuntamiento se hubiera actuado de forma adecuada, no habría fallecido nadie. El letrado también ha querido subrayar que aquel fatídico día, las discotecas debían estar cerradas porque existía un expediente de cierre y considera que si seguían abiertas no fue a causa de un error individual, sino de la existencia de una trama corrupta.
En concreto, la querella apunta a que el actual concejal de Urbanismo, Antonio Navarro, que también ocupó el cargo entre 2015 y 2021, "desarrolló una normativa que permitía este funcionamiento", avalado también por el inspector del servicio técnico de Obras y Actividades, el jefe de servicio de Protección Civil y Protección contra Incendios y el jefe de servicio de Intervención, que son los 3 funcionarios incluidos en la querella.
Por su parte, el concejal Andrés Guerrero, que estuvo en el cargo entre 2021 y 2023, dictó la última de las órdenes de cese de actividad de la discoteca en 2022, pero incluyó una cláusula para el abogado "prevaricadora" que permitía iniciar un nuevo procedimiento de legalización que dejaba sin efecto la propia orden de cierre.
La querella refleja que en total hay una veintena de expedientes relacionados con la discoteca, de los que 3 son órdenes de suspensión y cese de la actividad, y otros 4 son solicitudes de inicio de procedimientos de legalización.
Para las familias de los fallecidos, todas estas irregularidades, convirtieron la muerte de sus seres queridos en algo provocado. Se quejan además de la escasa atención que han recibido por parte del Ayuntamiento en contraposición a la recibida por las víctimas del incendio de Valencia.
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