Los fiscales dan un giro y dicen ahora que sí están de acuerdo con imputar a Puigdemont por terrorismo

Menudo giro de guión: la junta de fiscales del Tribunal Supremo ha fijado criterio este martes y finalmente han acordado que sí cabe imputar a Carles Puigdemont por terrorismo.

El juez Manuel García Castellón había pedido investigar al ex president catalán por estos posibles delitos durante el procés, en torno a la causa de 'Tsumami Democratic', y en un primer momento parecía que la Fiscalía se oponía.

Precisamente ayer surgía una polémica en torno a este tema y el fiscal del Tribunal Supremo Álvaro Redondo desmentía que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le estuviera presionado para exonerar a Puigdemont por terrorismo.

Se conocía entonces el escrito de Redondo, en el que destacaba que no veía indicios de terrorismo ni indicios racionales de criminalidad contra Puigdemont, por lo que pedía devolver la causa a la Audiencia Nacional para que siga la instrucción de la misma.

Es más: Redondo aseguró que la junta de Fiscales conocía estas posiciones sobre Puigdemont y que se había debatido que "los hechos no constituían concretamente un delito de terrorismo".

Cambio de criterio

El problema ha radicado hoy martes, cuando Redondo, ante sus compañeros, en la junta de fiscales, que se celebra cada semana, se ha encontrado con que ellos sí consideraban mayoritariamente que ha de realizarse un nuevo informe favorable a imputar el delito de terrorismo a Puigdemont, rebatiendo sus argumentos.

Según 'El Confidencial', 12 de los fiscales han votado a favor de que sí hay "indicios de terrorismo" en la causa de Tsunami. También han pedido la imputación para el diputado autonómico de ERC Ruben Wagensberg, que se encontraría huido en Suiza.

En todo caso, este nuevo informe que se realizará no será vinculante, por lo que la pelota estará en el tejado de García Ortiz. El fiscal general podría evitar que se pida la imputación por terrorismo, en pleno debate sobre si el Gobierno está presionando a la Fiscalía para evitar que se perjudique a las negociaciones con Junts y ERC para cerrarla Ley de amnistía.

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