El Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, que investiga la presunta corrupción en el Ministerio de Hacienda cuando estaba dirigido por Cristóbal Montoro, ha rechazado la personación como acusaciones particulares de varias personalidades políticas que habrían sido perjudicadas por la trama al no ver indicios suficientes de la utilización de la Agencia Tributaria para perjudicar a rivales políticos.
A raíz de la investigación, salieron a la luz varios correos electrónicos de la Agencia Tributaria y el Ministerio de Hacienda que incluían información privada sobre las actuaciones tributarias de varias personas pertenecientes tanto al sector político como del periodismo.
Esto motivó que varios de ellos solicitaran personarse en la causa, entre ellos el ex dirigente de Podemos Juan Carlos Monedero o el ex ministro 'popular' Rodrigo Rato. Una petición que finalmente ha sido rechazada por el juez.
El ministro estaba autorizado a conocer los datos
Según se desprende del sumario, habría sido el entonces subsecretario de Hacienda y Función Pública, Felipe Martínez Rico, el que remitió la información tributaria a Montoro.
Aunque los datos recogidos en los mensajes son "indudablemente de carácter reservado", el juez instructor, Rubén Rus, señala que al ministro de Hacienda le corresponde la dirección de la Secretaría de Estado de la cual depende la Agencia Tributaria, por lo que "está plenamente autorizado para conocer del contenido" de sus actuaciones.
Además de que sólo han tenido acceso a los datos fiscales personas autorizadas, sin divulgación a terceros, el magistrado subraya que no se trata de "un supuesto de aprehensión material de los datos" ni tampoco de "una modificación ni alteración de los mismos".
"Nos encontramos ante una toma de conocimiento, ya que a través del correo se ponen los datos en conocimiento del ministro, que se encuentra legitimado para conocerlos", insiste.
Tampoco aprecia suficientes indicios de delito en el caso de un periodista del diario ABC que publicó una serie de artículos en 2017 sobre las actividades del que había sido el despacho profesional de Montoro, Equipo Económico.
En su escrito al Juzgado, el periodista señala que podría haber "una relación de causalidad entre los artículos publicados" y una inspección fiscal realizada posteriormente, que habría tenido el "ánimo de silenciarlo o sancionarlo" por su labor de investigación.
Pese a que la AEAT inició una labor de revisión de su situación financiera justo en el periodo temporal en el que se publicaron las informaciones, el instructor considera que del contenido de los correos analizados "no podemos deducir que las actuaciones de análisis sean consecuencia directa y exclusiva de la publicación de los artículos".
Por último, ha rechazado la personación de 2 individuos que se habrían visto sometidas a una inspección fiscal y a una propuesta de sanción por valor de 3 millones de euros en 2015.
El PSOE se personará como acusación popular
Por otro lado, el instructor del caso sí acepta la personación del PSOE como acusación popular en la causa.
Según el auto judicial conocido este jueves, Rus lo ha admitido sin exigirle la presentación de querella ni fianza, al considerar que el procedimiento "se ha desarrollado lo suficiente como para considerar que el ejercicio de la acción popular no es abusiva ni fraudulenta".
El magistrado fundamenta en su resolución que el derecho a ejercer la acción popular está reconocido en el artículo 125 de la Constitución, aunque precisa que no es un derecho fundamental, sino "de configuración legal", como reitera el artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El caso investiga si Montoro, desde su cargo en Hacienda, creó una red de influencias para impulsar cambios normativos que beneficiaron a empresas clientes del despacho de abogados Equipo Económico, fundado por él mismo.
Aunque el secreto de sumario se mantuvo hasta el pasado 16 de julio, la causa se inició en 2018 tras el hallazgo de correos electrónicos de 2013 en los que decían que para lograr una modificación legislativa "la vía más directa, como siempre, es pagar".
El auto sostiene que el ex ministro habría utilizado su cargo para favorecer mediante cambios legislativos a empresas gasísticas que eran clientes del despacho que él mismo fundó, Equipo Económico.
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