El juez del caso de la presunta revelación de datos privados del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por parte de la Fiscalía, se ha pronunciado por fin sobre Álvaro García Ortiz.
El fiscal general del Estado, investigado por esta supuesta filtración de datos, sufrió el registro de sus dependencias laborales y también se le incautó sus móviles y otros dispositivos electrónicos.
Como es sabido, la Guardia Civil constató que García Ortiz borró datos sensibles correspondientes a los días afectados por esa presunta filtración de González Amador.
Sin repercusión penal
Pues bien, el juez, Ángel Hurtado, ha considerado que es reprochable que el fiscal general borrara esos datos y que supone no colaborar con la Justicia, pero que no tiene repercusión legal: "Carece de relevancia penal que un investigado llegue a hacer desaparecer pruebas que le pueden incriminar; pero que, así sea, tampoco se debe ignorar que no tenga incidencia en el desarrollo de una instrucción penal".
Considera que es "una evidencia" que el fiscal general "ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles".
Le reprocha que, "de haber mostrado algún grado de colaboración con el esclarecimiento de los hechos, bien podía haberlo comunicado antes de llevar a cabo tal desaparición y no aprovechar para realizarlo el día 16 de octubre de 2024".
Más reproches
También le afea que hubiera que hacer más investigaciones tras el borrado de datos: "Ha sido necesario acudir a la realización de una serie de medidas de investigación tecnológica en busca de dispositivos móviles con los que se presume que ha desplegado su actividad delictiva, en las que, previsiblemente, el propio investigado debió haberse representado la posibilidad de encontrar datos relativos a terceros, que no habría razón para descartar que se ofrecieran información que contribuye a ese esclarecimiento de los hechos".
Por tanto, se podría considerar que García Ortiz no pagará judicial o penalmente ese borrado de datos, más allá del desgaste a su imagen y la reputación perdida como fiscal general.
García Ortiz se defendió asegundo que había borrado esos datos porque tenía "derecho a disponer de intimidad". De hecho, fue quien ha terminado también victimizándose, afirmando que se habían filtrado datos personales como consecuencia del registro policial: dónde vive, su DNI, sus llamadas íntimas...
El juez investiga la denuncia realizada por la defensa de la pareja sentimental de Ayuso, Alberto González Amador, después de que se conociera y algunos medios pudieran conocer que estaba siendo investigado por un presunto fraude fiscal y que estaría, presuntamente también, negociando un pacto con Hacienda y la Fiscalía para una multa y una pena menores.
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