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El ex delegado del Gobierno en Cataluña asegura que advirtió al Govern del plan 'suicida' de Puigdemont
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(Foto: Tribunal Supremo TV)

El ex delegado del Gobierno en Cataluña asegura que advirtió al Govern del plan "suicida" de Puigdemont

martes 05 de marzo de 2019, 10:27h
Enric Millo, delegado del Gobierno en Cataluña entre 2016 y junio de 2018, ha relatado ante el Tribunal Supremo las distintas reuniones que mantuvo con miembros del Govern para tratar de disuadir al ejecutivo autonómico de la celebración del referéndum del 1-O y la determinación a incumplir el mandato del Tribunal Constitucional que obtuvo como respuesta.

El ex delegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo advirtió al propio el ex president de la Generalitat Carles Puigdemont de que su plan de celebrar el referéndum de autodeterminación el 1-O era un plan "suicida" que haría mucho daño al conjunto de la ciudadanía, pero éste descartó dar marcha atrás. Según el relato que Millo ha realizado ante el Tribunal Supremo, Puigdemont le habría encomendado a negociar sobre el resto de temas que afectan a Cataluña tras el referéndum.

Millo también abordó las posibles consecuencias del procés con otros miembros del Govern.

Se reunió con el ex vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, quien le habría confesado que no era partidario de acelerar los tiempos para impulsar el referéndum, pero que estaba plenamente comprometido con el Gobierno.

Asimismo, Millo explicó la determinación del ex conseller de Interior Joaquim Forn quien le garantizó que el 1-O el Govern garantizaría que la jornada electoral se celebraría con "total normalidad". Asimismo recordó que Forn vino a sustituir a Jordi Jané en el cargo ante la crisis de gobierno que tuvo lugar en verano ante el ultimátum de Puigdemont para que dieran un paso atrás aquellos miembros que no estuvieran dispuestos a llegar "hasta el final con todas sus consecuencias".

Por otro lado, Millo recordó que envió misivas a los alcaldes para recordarles su obligación de dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Constitucional ante la posibilidad de que cedieran locales públicos para la celebración del referéndum.

Violencia en el procés

El delegado del Gobierno relató ante el tribunal un "clima de conflictividad", episodios de "acoso, hostigamiento y violencia" antes incluso del 20 de septiembre en relación a la manifestación contra la comitiva judicial que registró la consejería de Hacienda. Más tarde, Millo admitió que la delegación del Gobierno no hizo ningún informe técnico sobre lo sucedido ante la Conselleria de Economía: "No sé cuántas detenciones hubo".

Millo aseguró haber contabilizado "entre 100 y 150 acciones" violentas ante edificios públicos. Relató que ante cada diligencia policial "aparecía un grupo numeroso de personas para acosar, gritar, hostigar, amenazar e incluso en algunos momentos agredir vehículos y personas", así como ante los hoteles donde se hospedaban los agentes.

Asimismo admitió que hubo manifestaciones "pacíficas", pero con grupos "violentos". También descartó que las movilizaciones fueran espontáneas y responsabilizó al Govern junto a la ANC y Òmnium Cultural de estar detrás de ellas.

Preguntado sobre la cifra de 15 centros en los que se habrían registrado enfrentamientos que el propio Millo calculó en una entrevista concedida en agosto de 2018, el ex delegado del Gobierno asegura ante el tribunal que fueron muchos más y que ese dato fue un error.

Actuación de los Mossos el 1-O

Millo admitió que los Mossos d'Esquadra acudieron en apoyo a la comitiva judicial que llevaba a cabo los registros en el departamento de Economía de la Generalitat el 20 de septiembre de 2017. Eso sí, criticó su acierto. "Aunque tardaron en llegar, hubo un apoyo, pero no siempre lo eficaz que debería haber sido", lamentó.

Sin embargo, en relación con el referéndum del 1-O, Millo consideró que los Mossos no cumplieron su mandato como policía judicial. El 27 de septiembre el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenó impedir la consulta, pero según Millo la Generalitat desestimó la ayuda de otros cuerpos policiales para impedir la colocación de urnas y los Mossos rehusaron explicar sus planes de actuación para impedir la consulta.

"Dijeron que harían las actuaciones necesarias hasta el 1-O para garantizar que los colegios estuvieran cerrados (...) la realidad fue muy distinta", aseguró Millo.

El ex delegado del Gobierno aseguró que de las reuniones de la Junta de Seguridad se desprendió la intención de los Mossos de priorizar en todo caso la no violencia por encima de cumplir el mandato judicial contra el referéndum.

El entonces mayor Josep Lluís Trapero, actualmente procesado por rebelión, le habría advertido que no ordenaría cargar ante "mayores y niños". Millo asegura que quedó claro que los Mossos no iban a usar la fuerza en ningún caso y que si bien la policía tenía inicialmente "auxilio" o apoyo, también existía un plan 'B' para actuar en solitario ante una posible inacción de los agentes autonómicos.

"Es evidente que no", respondió al ser preguntado sobre si los Mossos cumplieron el mandato judicial. "Se ha impuesto la línea política ante el criterio policial", sostuvo Millo el 1 de octubre de 2017 tras la celebración de la consulta.

Preguntado si hubo choques entre la Policía y la Guardia Civil el 1 de octubre, Millo admitió que tuvieron lugar en los centros de votación como era esperado: "Evidentemente, en algunos... no en todos".

Millo asegura que recibió testimonios posteriores de agentes -no se entrevistó con heridos civiles- que le dieron cuenta de diversos sucesos violentos que se habrían registrado esa jornada: "dedos rotos"; una "fractura de pierna"; un chaleco antibalas "rajado de extremo a extremo"; "la trampa del fairy" para hacer caer a los agentes que intentaran entrar en los colegios electorales y después patearles la cabeza; "artes marciales para golpear en la nuca"...

"No tengo información (...) si lo hicieron no me consta", respondió Millo a la Abogacía del Estado sobre los centros de votación cerrados por los Mossos.

A preguntas de la defensa, Millo insistió en defender la eficacia de las fuerzas de seguridad nacionales frente a los agentes autonómicos, si bien tuvo que admitir que de los más de 2.000 centros de votación señalados para celebrar el referéndum, la Policía y la Guardia Civil habría clausurado 130 "mal llamados colegios electorales", el "5%", frente a los más de 200 que habrían cerrado los Mossos d'Esquadra según los informes citados por Javier Melero, el abogado del exconseller de Interior, Joaquim Forn, que Millo admitió haber conocido días después del 1-O.

Millo cifró en 30 los centros en lo que los agentes tuvieron que hacer uso de la fuerza, de los cuales en 13 se habría usado una "fuerza mayor" por las dificultades para entrar en los centros donde se estaban llevando a cabo las votaciones.

Pese a que los datos muestran que mayoritariamente los locales estuvieron abiertos para celebrar la consulta, Millo consideró que los cuerpo de seguridad sí dieron cumplimiento al mandato judicial argumentando básicamente que hicieron lo que pudieron.

Si bien, minutos antes Millo criticó al mayor Trapero por rehusar a usar la violencia para impedir el referéndum pese a que veía "evidente" antes del 1-O que se producirían choques inevitables con los agentes que intentasen retirar las urnas, ante la defensa Millo respondió que el operativo de Policía y Guardia Civil sólo tenía previsto "llegar, informar, incautar el material y salir", pero que ese día se encontró con "auténticas murallas" que intentaban impedir que se frenara el referéndum y que obligaron a los agentes a replegarse en algunos casos.

DUI y Estado de sitio o excepción

"La situación no hacía pensar a nadie que fuera una broma, esto iba en serio", respondió sobre si pensó que la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) fue simbólica.

Si bien a lo largo de todo su testimonio Millo dio cuenta de la excepcionalidad de los sucesos que se vivían en Cataluña, en ningún momento recomendó o solicitó al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que aplicara el estado de sitio; que se suspendiera del cargo a aquellos que no estaban cumpliendo con el mandato constitucional en el mes de septiembre; o que se adoptara la situación de interés para la Seguridad Nacional, prevista en la Ley de Seguridad Nacional. "No lo consideré necesario", respondió. "Consideré que la actuación de los cuerpos de seguridad tenía que ser suficiente para poder afrontar estos actos de acuerdo con la ley", explicó.

- Todo sobre el juicio del procés

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