El tortuoso camino que está siguiendo la reducción de jornada que quiere introducir el Gobierno se complica todavía un poco más este miércoles.
La portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, ha confirmado que la formación independentista registrará una enmienda a la totalidad a la norma para intentar tumbarla en el Congreso.
El partido que lidera el ex president Carles Puigdemont ya advirtió el pasado mayo de que bloquearía la tramitación de la norma al considerarla un "ataque" a las pymes y autónomos catalanes.
"Vamos a hacer lo que dijimos que haríamos que es presentar una enmienda a la totalidad. La registramos hoy mismo", ha señalado Nogueras en una entrevista concedida a RNE.
"Nosotros no podemos dar apoyo a una ley que se ha hecho sólo con los sindicatos españoles, que se ha dejado absolutamente de lado a la pyme y la clase media catalana y a los trabajadores de Cataluña", ha agregado.
La portavoz de Junts ha cargado con dureza contra UGT y en especial contra CCOO, cuyo secretario general, Unai Sordo, acusó a la formación de ser tan inútil "como la última rebanada del pan Bimbo".
"Tienen mucho interés de ir hablando de esa última rebanada", ha señalado Nogueras, que ha reprochado a los sindicatos que no sean tan enérgicos con otras cuestiones que afectan a los catalanes como el funcionamiento de Rodalies o las inversiones del Estado en la comunidad.
Si la enmienda a la totalidad que va a registrar Junts prosperase -previsiblemente con los apoyos de PP y Vox, que ha presentado la suya propia- la reducción de jornada decaería en el paso inicial de su tramitación y sería devuelta al Gobierno.
El debate sobre las enmiendas a la totalidad se votará en el Congreso previsiblemente en julio, trasladan fuentes conocedoras. Por lo que el Gobierno todavía tiene algo de margen a la negociación.
Las negociaciones continúan
En ese lapso de tiempo, el Ministerio de Trabajo que encabeza Yolanda Díaz tratará de convencer a Junts para que levante la enmienda y la tramitación del texto pueda seguir adelante.
Fuentes del departamento de Díaz trasladan, tras confirmarse la enmienda a la totalidad, que las negociaciones con Junts siguen su curso.
Por el momento, las posiciones parecen alejadas, aunque Trabajo ha mostrado su confianza en que es posible llegar a algún tipo de acuerdo.
El martes estaba previsto que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se reuniese con Míriam Nogueras para discutir el asunto. Pero el encuentro se pospuso a la semana próxima para evitar el solapamiento con la ronda de contactos con los socios que emprendió Pedro Sánchez para discutir el rumbo del Gobierno tras el escándalo de presunta corrupción de Santos Cerdán.
El tono de Junts con esta medida, que Trabajo siempre ha defendido que cuenta con apoyo transversal en los votantes de todos los partidos, ha sido especialmente duro.
A colación de la reducción de jornada, Nogueras ha llegado a señalar que Cataluña "no es un pueblo de subvenciones" ni de "vagos" y que la medida "nunca va a ver la luz si depende de Junts".
Desde el departamento que dirige Díaz todavía tienen alguna baza. Trabajo se ha abierto en varias ocasiones desde antes incluso de que la norma llegase al Congreso a modificar algunos aspectos de la misma.
En concreto, plantean recuperar medidas de acompañamiento a las pymes en forma de subvenciones para capear el impacto económico del recorte horario o de mayor flexibilidad para las empresas.
También reconocen la particularidad del tejido productivo catalán, pero por el momento no ha sido suficiente para convencer a Junts, que escucha de cerca a la patronal catalana Foment del Treball, opuesta a esta medida.
En todo caso, aunque la reducción de jornada salvase la enmienda a la totalidad, todavía tendría que continuar su tramitación en el Congreso sin garantías de salir adelante.
Con unos plazos tan apurados, resulta cada vez más difícil pensar que el texto esté listo antes del 31 de diciembre de este año, fecha límite que se había marcado Yolanda Díaz.
En caso de que la reducción de jornada no prosperase, el departamento de Trabajo tiene previsto aprobar por decreto las medidas relativas al endurecimiento del control del registro horario para evitar que decaigan.
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