Este martes, el Consejo de Ministros abordará nuevamente la propuesta para reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales sin afectar los salarios.
La medida, que ya fue consensuada en diciembre entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, tras un año de negociaciones, se enfrenta a importantes obstáculos tanto en el ámbito político como en el empresarial.
Aunque estaba previsto que se aprobara en segunda vuelta la semana pasada, el apagón eléctrico obligó al Ejecutivo a posponer la decisión.
Trabvajo y sindicatos
Durante las manifestaciones del Día del Trabajador, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, junto con los sindicatos, aprovecharon para reivindicar esta iniciativa. Según sus cálculos, beneficiará a 12 millones de trabajadores y presionaron a los partidos de la oposición para que respalden la medida en el Congreso.
in embargo, la patronal CEOE sigue mostrándose muy crítica con la imposición por ley de la reducción de la jornada, argumentando que tendrá efectos negativos sobre la economía y el empleo, especialmente en las pequeñas y medianas empresas (pymes).
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intentó el lunes convencer a los empresarios durante su participación en la 40ª Reunió del Cercle d'Economia en Barcelona. "Estamos convencidos de que contribuiría a mejorar la productividad y la estabilidad de la fuerza trabajadora y, por tanto, a nuestras empresas", declaró.
Voces críticas: Junts
Por su parte, Junts, cuyo voto es necesario mientras PP y Vox se muestren en contra, ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de ley cuando llegue al Congreso.
Su portavoz en la Cámara Baja, Míriam Nogueras, calificó la norma como "un ataque frontal" a los autónomos y pymes catalanas. En una rueda de prensa, lamentó que no se haya permitido negociar "ni siquiera una coma" de la ley, acusando al Gobierno de haberla pactado exclusivamente con los sindicatos españoles y de ignorar al tejido productivo catalán.
"Nos encontramos con la puerta cerrada ante la posibilidad de poder negociar ni siquiera una coma de este texto, que se ha negociado solo con los sindicatos españoles. Se ha dado la espalda al tejido productivo de Cataluña", afirmó Nogueras. Esta postura refleja la tensión existente entre el Gobierno central y algunas formaciones independentistas, que ven en la medida una imposición que no responde a las necesidades específicas del sector empresarial catalán.
División en el PP
A pesar de las críticas, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, minimizó la enmienda de Junts y aseguró que las negociaciones entre el Ministerio de Trabajo y los diferentes grupos parlamentarios, incluido Junts, siguen activas. "El Ministerio de Trabajo sigue con negociaciones intensas con la voluntad, por otra parte, de que sea el conjunto del Parlamento el que apruebe esta medida", declaró.
Urtasun destacó que el objetivo es lograr una amplia mayoría, o incluso unanimidad, para aprobar la reducción de la jornada, una medida que calificó como un "clamor social" debido a su amplio respaldo ciudadano. No obstante, el PP aún no ha definido su posición oficial. Aunque algunos líderes regionales del partido han expresado su rechazo, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, dejó abierta la puerta a una semana laboral de 4 días "en algunos sectores".
Y es que en el PP las posturas siguen divididas: varios 'barones' del partido han mostrado su negativa a rebajar la jornada laboral, argumentando que podría tener efectos negativos en la economía.
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