El ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha emitido un comunicado en el que asegura que no existe "ningún elemento probatorio" que respalde las investigaciones en su contra.
Estas lo vinculan a una supuesta red de influencias para beneficiar a empresas fabricantes de gases industriales mediante cambios legislativos.
Además, Montoro ha criticado duramente la decisión de levantar el secreto de sumario "coincidiendo con el actual contexto de verdaderos escándalos del Gobierno de España", en referencia al caso Koldo.
Despacho 'Equipo Económico'
La investigación judicial se centra en unas presuntas modificaciones normativas que habrían favorecido a empresas gasistas a cambio de "importantes pagos" realizados a la sociedad Equipo Económico (EE).
Montoro, quien fue socio fundador y presidente de esta firma hasta 2008, niega cualquier vínculo posterior con la entidad y afirma que desde su llegada al Ministerio de Hacienda, tanto bajo José María Aznar como Mariano Rajoy, fue objeto de "sucesivas campañas de insidias" en los medios de comunicación y en el ámbito parlamentario relacionadas con esta sociedad.
Secreto de sumario
El ex ministro ha expresado su malestar por la duración de la investigación, señalando que es "absolutamente anómalo" que el sumario haya permanecido secreto durante 7 años. Según Montoro, la causa solo comenzó a investigarse tras su salida del Ministerio en 2018, lo que considera una demora injustificada. En este sentido, declaró: "En el día de ayer se ha levantado el secreto de sumario con el auto que me señala como investigado, todo ello coincidiendo con el actual contexto de verdaderos escándalos del Gobierno de España".
Montoro califica su inclusión como investigado de infundada, argumentando que carece de base probatoria y que responde únicamente a su paso por el Ministerio de Hacienda. A pesar de estas críticas, ha manifestado su confianza en las instituciones del Estado de derecho y ha anunciado que utilizará todos los recursos legales disponibles para defender su honor y reputación.
Detalles de la trama
La causa abierta por el juzgado de Tarragona involucra a 28 personas físicas y 6 jurídicas, entre ellas el despacho Equipo Económico (EE), acusadas de presuntamente cometer 7 delitos: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
Según el auto judicial, el bufete habría intervenido "a cambio de importantes pagos" en la elaboración de reformas legislativas destinadas a favorecer a sus clientes, aprovechándose del ejercicio de funciones públicas.
El magistrado sostiene que las empresas implicadas en la trama comenzaron a recurrir a los servicios del despacho cuando Montoro asumió el Ministerio de Hacienda. Estas compañías habrían realizado pagos significativos con el objetivo de influir en la redacción de textos normativos que se ajustaran a sus intereses. Según el juez, Montoro habría colocado a personas cercanas al despacho en posiciones clave dentro del Ministerio, garantizando así que las modificaciones legislativas se adaptaran "a demanda" de las empresas investigadas.
Las defensas de Montoro
En su nota oficial, Montoro ha subrayado que su designación como investigado carece de fundamentos sólidos y que responde exclusivamente a su condición de ex ministro. Ha concluido mostrando su determinación de ejercer todos los recursos judiciales necesarios para limpiar su nombre y demostrar su inocencia.
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