El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido formalmente la salida definitiva de Álvaro García Ortiz del Ministerio Fiscal.
Esta solicitud se produce tras la condena de inhabilitación impuesta al ex fiscal general por revelación de secretos.
La defensa legal de González Amador busca anular el decreto dictado el 23 de diciembre por la actual fiscal general, Teresa Peramato.
Alegaciones de González Amador
Dicho decreto permitía el reingreso de García Ortiz en la carrera fiscal, quedando adscrito a la Sección de lo Social del Supremo.
En un escrito al que tuvo acceso RTVE este lunes, el empresario exige que se le permita formular alegaciones. Argumenta tener un "interés legítimo" en la ejecución de la sentencia al considerarse "víctima de los hechos protagonizados" por el ex fiscal general.
Por su parte, García Ortiz ha solicitado al Tribunal Supremo la anulación de su condena. Alega que existieron "graves vulneraciones" de derechos fundamentales que deberían declarar la nulidad del fallo emitido en noviembre.
"Incapacidad" por haber sido condenado por delito doloso
El Supremo condenó a García Ortiz a 2 años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general. La sentencia consideró probado que difundió datos reservados de la investigación por fraude fiscal contra González Amador.
Aunque el Supremo no decidió sobre su expulsión de la carrera, la Inspección Fiscal avaló su reingreso días después. No obstante, el recurso de González Amador sostiene que García Ortiz incurre en una causa de "incapacidad" manifiesta.
El empresario se apoya en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Afirma que cualquier condena por delito doloso a una pena superior a 6 meses debe conllevar la pérdida de la condición de fiscal de forma automática.
Según el escrito, la inhabilitación especial para cargo público determina el cese una vez que la sentencia es firme. González Amador cita el artículo 35 del Reglamento del Ministerio Fiscal para reforzar su petición de expulsión inmediata.
Además, el empresario señala que para una futura rehabilitación sería necesario extinguir las responsabilidades penales y civiles.
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