Un juzgado de Barcelona ha reconocido que 3.572 riders de la capital catalana tuvieron una relación laboral con la empresa de reparto de comida a domicilio entre 2015 y 2018.
Glovo ya había recibido sentencias en contra por prácticas similares, pero esta es la que afecta más repartidores hasta la fecha, aunque la mayoría ya no estén en activo.
La resolución, a la que ha tenido acceso la 'SER', considera que la relación entre los repartidores y Glovo era laboral.
De esta forma, le da la razón a Inspección de Trabajo, quien llevó los hechos al juzgado tras una inspección en 2019 en la que detectaron irregularidades en miles de riders.
A raíz, de ello, interpusieron un acta de infracción contra Glovo por no haber dado de alta a los 3.572 trabajadores, pero Glovo impugnó las actas argumentando que la relación era mercantil.
Sin embargo, según la sentencia los riders no desarrollaban su actividad conforme a sus criterios, sino que seguían de manera estricta las directrices de Glovo.
Que Glovo fuera quien decidía el precio del servicio y la remuneración, que los trabajadores no asumiesen el riesgo económico de la operación, que Glovo fuera quien compensaba al cliente en caso de robo o que los horarios estuvieran "claramente condicionados y limitados" son argumentos que, para el juzgado, demuestran que había una relación laboral entre la empresa y los repartidores.
"Los repartidores no organizaban su trabajo, no negociaban condiciones ni recibían el pago directamente de los clientes. Su autonomía se limitaba a elegir el medio de transporte y la ruta a seguir, lo que demuestra la existencia de las características esenciales de una relación laboral conforme al artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores", zanja la resolución, en la línea de la decena de otras decisiones judiciales que han detectado un modelo de falsos autónomos en toda España.
La sentencia no es firme y se puede recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con un recurso de suplicación.
Los repartidores ya no trabajan ahí
Aunque la mayoría de los repartidores afectados ya no trabajan para Glovo. Y aunque los riders también constan como demandados, lo estaban como parte interesada, no como acusados. Quien es responsable de la condición de falsos autónomos y quien, si se ejecuta, deberá abonar la regularización de las cotizaciones a la Seguridad Social es Glovo.
Además, Inspección de Trabajo podría multar la compañía en alrededor de 3,8 millones de euros, según explican fuentes cercanas al proceso judicial.
Hace una semana, en el acto del X aniversario de la compañía, el consejero delegado y fundador de Glovo, Oscar Pierre volvió a manifestar su voluntad de acabar con el modelo de falsos autónomos.
En la misiva, en la que asistieron distintas autoridades como el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, Pierre dijo querer tener desplegado el nuevo modelo el 1 de julio.
Por el momento, sólo un 16% de los riders han pasado a trabajar directamente para la compañía.
En paralelo, la compañía también ha empezado a subcontratar flotas externas para no contratar a los repartidores de forma directa.
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