Denuncian ante Consumo la prohibición de Ouigo de pagar en efectivo en los trenes

Pagar con tarjeta e incluso con el móvil es ya muy habitual para muchos. Además, desde la crisis del coronavirus, los pagos con contactless se incrementaron para aumentar la seguridad, especialmente en los momentos de mayor incertidumbre de la pandemia.

Pero tras los peores momentos del covid y con la nueva normalidad más que conseguida, muchos usuarios optan por los pagos en efectivo. En algunos lugares o empresas han decidido prohibir pagar en efectivo, como es el caso de Ouigo, una de las nuevas operadoras de trenes de alta velocidad en España.

¿Es legal que sólo dejen pagar a bordo con tarjeta o con el móvil? La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha hablado sobre ello y ha remarcado que pagar en efectivo es un derecho de los consumidores.

La OCU ha denunciado a Ouigo ante la Subdirección General de inspección y procedimiento sancionador, dependiente del Ministerio de Consumo, en relación con la obligatoriedad de pago con tarjeta de crédito que se viene exigiendo en los trayectos de tren operados por la citada compañía.

Atenta contra la normativa

La Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios se modificó expresamente para considerar como una infracción en materia de consumo la negativa a aceptar el pago en efectivo como medio de pago. Esta modificación entró en vigor en mayo de 2022.

Desde la Organización consideran que no solo se ha modificado la norma para garantizar por ley el derecho de los consumidores a pagar en metálico, sino que ya no existen razones sanitarias ni de otra índole que justifiquen la limitación de uso del efectivo, en una situación en la que se genera una especial vulnerabilidad hacia el consumidor que no tiene más remedio que aceptar esa condición si quiere acceder a algún producto de alimentación durante su trayecto en tren.

La OCU ha remarcado que mantener esa obligación de método de pago, supone actuar en contra de la normativa de aplicación y de las buenas prácticas comerciales, por ello, ha denunciado ahora esta infracción a la autoridad de consumo correspondiente para que inicie el correspondiente expediente sancionador y, en su caso, imponga las multas legalmente establecidas que oscilan entre 150 y 100.000 euros.

La infracción puede ser considerada como grave e imponer por tanto la sanción máxima, si la administración competente considera que, dentro de ese medio de transporte, las necesidades de los consumidores no se pueden cubrir de otra manera.

Una práctica que también llevan a cabo muchas aerolíneas y por la que han sido denunciadas.