Denunciadas 8 aerolíneas por no permitir el pago en efectivo a bordo

Los que hayan viajado últimamente en avión habrán comprobado que en varias aerolíneas no se puede pagar en efectivo por los servicios de abordo tales como una bebida o un snack.

Con la crisis del covid se priorizaron los pagos con tarjeta e incluso en algunos sitios se hizo obligatorio. Pero la situación del coronavirus ha cambiado y ya no existe la alerta sanitaria de entonces ni el desconocimiento sobre cómo se transmite el virus.

Pero pese a ello algunas compañías siguen manteniendo su negativa a aceptar pagos en efectivo. Algo que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera que es contrario a la ley y lo ha denunciado.

8 aerolíneas denunciadas

La OCU ha demandado a Iberia, Iberia Express, Air Europa, Iberojet, Plus Ultra, Volotea, Wamos Air y World2fly ante las Direcciones Generales de Consumo de Cataluña, Baleares y Madrid, en relación con la obligatoriedad de pago con tarjeta de crédito que se viene exigiendo en los vuelos operados por las citadas compañías.

La Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, se modificó expresamente para considerar como una infracción en materia de consumo, la negativa a aceptar el pago en efectivo como medio de pago. Esta modificación entró en vigor en mayo de 2022.

Desde la organización resaltan que no solo se ha modificado la norma para garantizar por ley el derecho de los consumidores a pagar en metálico, sino que ya no existen razones sanitarias ni de otra índole que justifiquen la limitación de uso del efectivo, en una situación en la que se genera una especial vulnerabilidad hacia el consumidor que no tiene más remedio que aceptar esa condición si quiere acceder a algún producto de alimentación durante su trayecto.

La OCU considera que mantener esa obligación de método de pago, supone actuar en contra de la normativa de aplicación y de las buenas prácticas comerciales, por lo que en octubre de 2022 solicitó a las mencionadas 8 compañías aéreas españolas que procedieran a la remoción de esta medida de manera voluntaria, sin haber obtenido respuesta alguna.

Por ello ha decidido denunciar ahora esta infracción a las autoridades de consumo correspondientes para que inicien el correspondiente expediente sancionador y, en su caso, les impongan las multas legalmente establecidas que oscilan entre 150 y 100.000 euros.

La infracción puede ser considerada como grave e imponer por tanto la sanción máxima, si la administración competente considera que, dentro de la aeronave, las necesidades de los consumidores no se pueden cubrir