España, deshilachada

España aún no está rota. De momento, sólo deshilachada. El último desgarrón lo ha padecido en sus carnes el PP, otrora partido de ámbito nacional, que además de estar prácticamente ausente en Cataluña y Euskadi acaba de ver cómo se le han ido ahora de su obediencia los regionalistas navarros, que se han quedado con el santo, la limosna y quién sabe si todos sus electores.

    Ya no hay, pues, intereses nacionales, como se decía antes en los manuales de ciencia política, sino voraces derechos territoriales de espacios geográficos cada vez más reducidos y sin trascendencia ideológica. Así, el otro gran partido con representación estatal, el PSOE, para participar en el gobierno de varias comunidades autónomas se ve obligado a hacerlo en coalición con grupos regionalistas y hasta separatistas, desde Cantabria a Cataluña, pasando por Galicia y Baleares.

El debate político se va desplazando paulatinamente de la confrontación de ideas al enfrentamiento territorial. En Cataluña, nacionalistas y socialistas cierran filas en torno a un Estatut dudosamente constitucional que establece como criterio el diálogo bilateral, tú a tú, de la nación catalana con el Estado. El de Galicia va por el mismo camino. Pero es que en Andalucía PP y PSOE pactaron hasta la apropiación geográfica de los causales del Guadalquivir en detrimento de otras autonomías.

    Ahora, en la discusión del nuevo texto legal de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal comparte con José María Barreda el final del trasvase Tajo-Segura para cabreo conjunto de socialistas y populares murcianos. Hasta en la Comunidad Valenciana, donde ha pervivido un PSPV-PSOE particularmente enragée, con la llegada del su nuevo líder, Jorge Alarte, las cosas están cambiando. El PSPV no sólo se opone ya a dicha caducidad, sino que defiende el trasvase Júcar-Vinalopó y exige a Rodríguez Zapatero una financiación más acorde con la población real de aquella comunidad.

    Lo importante, pues, no es tanto si se es de izquierdas o de derechas, sino de una u otra región. Y hasta la valenciana, quizás la comunidad más solidaria de España, se inventó la llamada cláusula Camps, para no ser menos que nadie en el reparto de los despojos autonómicos.

     El ejemplo más sintomático de esa deriva es el hostigamiento al idioma español en las comunidades bilingües, lo que conlleva que cada vez se hable menos y peor el castellano. Menos mal que en Estados Unidos hay ya más hispanohablantes que en España y que Barack Obama, ese paradigma de la progresía, estudia nuestra lengua para seducir a los votantes hispanos de su país. Gracias a él, probablemente, España y su idioma sigan teniendo un sentido colectivo que aquí se va desdibujando día a día.