El concejal de Moncloa aceptaría la dimisión de su asesor imputado

José Javier Nombela es, en la actualidad, asesor de Ballarín pero previamente ejerció como vocal-vecino de Moncloa entre los años 1996 y 2007. En ese periodo de tiempo compatibilizó esta labor con su trabajo en dos de las empresas investigadas, Special Events (entre enero y junio de 2003) y Easy Concept (entre junio de 2003 y octubre de 2006).

Esa dimisión, según fuentes municipales, no se formalizará hasta que no se conozca el resultado de su declaración ante el juez: si saliera con cargos entonces en cuando Ballarín la aceptaría. El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, se refirió este miércoles a esta cuestión en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno diciendo que Nombela ya había presentado su dimisión a Ballarín pero que desconocía si se había formalizado ya.

Por su parte, el concejal-presidente de Moncloa-Aravaca salió en defensa de su asesor en el Pleno de distrito celebrado este miércoles alabando su trabajo "impecable e inmejorable". "La semana pasada conocimos su imputación, por la que comparecerá ante el juez el próximo 23 de febrero. A partir de su declaración y de los hechos que se le imputan, que no conocemos, si existe alguna irregularidad o indicio de delito tendrá que dimitir pero, mientras tanto, goza de presunción de inocencia", subrayó entonces Ballarín.

El PP pide que Garzón se inhiba ya
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, anunció este jueves que su partido denunciará la "actitud prevaricadora" del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón si no se inhibe en favor de los tribunales superiores de justicia de Madrid y Comunidad Valenciana, tal y como le ha solicitado la Fiscalía en la causa de la trama de corrupción relacionada con la operación Gürtel.

En declaraciones realizadas tras un acto con militantes del partido en Talavera (Toledo), De Cospedal, ha exigido así a Garzón que se inhiba ya del caso. Mientras, el juez continuaba con la investigación y este miércoles dejó en libertad al chófer del empresario Francisco Correa, líder de la presunta trama de corrupción, y al consejero delegado de Orange Market, Cándido Herrero Martínez, tras interrogarles, respectivamente, durante algo más de una hora, informaron fuentes jurídicas.

El chófer de Correa, Andrés Bernabé Tierno, fue puesto en libertad sin medidas cautelares, aunque continúa imputado por los delitos de tráfico de influencias, cohecho, fraude fiscal y blanqueo de capitales, según confirmó su letrado, que no quiso detallar si Garzón y las fiscales anticorrupción Miriam Segura y Concha Sabadell preguntaron a su cliente por la existencia de un maletín que pudiera implicar en la trama a cargos del PP.

El magistrado también dejó en libertad este miércoles al consejero delegado de Orange Market, Cándido Herrero Martínez, al que tomó declaración en primer lugar para preguntarle por el papel que desempeñaba en esta empresa, filial valenciana de Special Events, la compañía que organizaba actos del PP durante el Gobierno de José María Aznar.

En la causa, en la que han sido imputadas 37 personas, Garzón investiga una presunta trama de corrupción y tráfico de influencias que habría ofrecido "dádivas y sobornos" a funcionarios y autoridades de administraciones del PP en las comunidades de Madrid y Valencia a cambio de favores políticos.

Tras los interrogatorios a Bernabé y Herrero son ya nueve las personas imputadas a las que el juez Garzón ha dejado en libertad tras tomarles declaración. Las únicas prisiones decretadas por Garzón fueron las de los tres presuntos cabecillas de la trama: el empresario Francisco Correa, Pablo Crespo, encargado de la dirección de las empresas del grupo; y Antoine Sánchez, primo de Correa y supuesto encargado del blanqueo de los capitales obtenidos por la organización.

Piden la dimisión de los imputados
Ya en el plano político, la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, consideró este miércoles que el Grupo Parlamentario Popular debería exigir que dejen su cargo a los diputados que resulten imputados en la presunta trama de corrupción en municipios del norte de la región y Valencia que investiga la Audiencia Nacional. Los populares respondieron reclamando que el PSOE haga lo propio en sus filas, ya que se está investigando un posible caso de corrupción en Getafe, donde gobierna el socialista Pedro Castro.