El Plan de Integración no responde a las necesidades de la crisis, según UGT

En un comunicado, la plataforma sindical explicó que, a pesar del incremento del 7 por ciento del presupuesto total con respecto a 2008, las partidas para políticas sociales en el Gobierno regional "descienden una tercera parte", algo que "es completamente incomprensible dado el aumento de las situaciones de desprotección que sufren miles de familias de inmigrantes". Por ello, UGT emitió un voto particular contra el Plan en el Consejo Económico y Social (CES) de la región.

"Las políticas de empleo también presentan una serie de carencias que las convierten en ineficaces. No han sido arbitradas medidas tendentes a erradicar el empleo irregular ni a cubrir las necesidades de formación profesional incidiendo en aquellos sectores de economía puntera y emergente", subrayaron desde UGT, proponiendo a su vez, "la creación de una Comisión Tripartita Laboral que vele por la puesta en marcha de actuaciones orientadas a estos dos fines".

Por otra parte, desde el sindicato se recordó que, de los 19 Centros de Atención Social para Inmigrantes (CASI) de la Comunidad, "en la actualidad sólo continúan abiertos cuatro, mientras se potencia la figura del Centro de Integración y Participación de Inmigrantes (CEPI), creados en función de las nacionalidades, y que impiden la relación entre la población autóctona y la inmigrante así como la convivencia entre las personas procedentes de países distintos".

"Los CEPI vienen asumiendo competencias en materia de formación y empleo que no les corresponde, pero beneficia la opción política que gobierna la Comunidad de Madrid hoy por hoy", apostilló la formación. Y es que el sindicato entiende este trabajo debería ser realizado por la Administración autonómica como un servicio público ya que "el modelo del Gobierno regional en absoluto facilita la continuidad de los proyectos y contribuye a dilapidar fondos públicos".

Finalmente, manifestó que "este Plan no satisface ninguna de las necesidades reales de las personas inmigrantes y despilfarra recursos públicos que bien pudiera destinarse a mejorar la situación de todos aquellos ciudadanos extracomunitarios que son golpeados especialmente por la crisis".